Responde secretario General de Gobierno a protesta magisterial: “El tema es jurídico, no solo de voluntad”
Chihuahua, Chih.- Tras la manifestación realizada por docentes en la capital del estado para exigir la restitución de prestaciones conocidas como la L y L plus, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, pidió entender que el conflicto no depende únicamente de la voluntad política, sino de la interpretación legal vigente.
El funcionario explicó que durante la protesta los maestros transmitieron un audio de la gobernadora María Eugenia Campos cuando era candidata, en el que se comprometía a respaldar sus demandas. Sin embargo, subrayó que el tema debe analizarse desde un marco jurídico.
“Primero, se hacía referencia a un audio en que la hoy gobernadora hace siendo candidata y creo que esa buena voluntad de la gobernadora se mantiene. Sin embargo, hay que entender también que esto se trata no solo de un tema de voluntades, se trata de un tema de interpretación jurídica, de interpretación legal y hoy por hoy estos derechos que se están poniendo en la mesa por parte de los maestros”, declaró De la Peña.
El secretario recordó que el asunto está sujeto a la jurisdicción de los tribunales, que deberán determinar la constitucionalidad de las reformas educativas aprobadas hace casi una década y, en consecuencia, la procedencia del pago de dichas prestaciones.
“Debemos entender que la labor jurisdiccional tiene sus momentos, tiene sus tiempos y debemos esperar a que esto se resuelva por parte de los jueces que tienen a su cargo la resolución de las peticiones, de las demandas en algunos casos individuales, en algunos casos colectivas que se han presentado por parte de maestros”, enfatizó.
De la Peña aseguró que el gobierno estatal ha mostrado disposición para atender diversas demandas del magisterio, pero insistió en que este caso específico escapa a decisiones administrativas.
Finalmente, el secretario reiteró que los funcionarios no pueden actuar fuera del marco legal:
“Lo más importante es que se conduzcan estos asuntos en el marco de la ley, ya que los gobiernos y los funcionarios públicos no pueden ir más allá de lo que indica la ley y, en este caso, está sujeto a la jurisdicción de las autoridades competentes”.