Dicen que la verdad duele, y vaya que le dolió a la maestra gobernadora que el empresario Eugenio Baeza le dijera de frente lo que muchos piensan en voz baja: que en la capital no se ve obra estatal de infraestructura y que, si algo está avanzando, es gracias al municipio bajo Marco Bonilla.
Y claro, la gobernadora no se quedó callada. Como quien se siente aludida aunque nadie la nombre, respondió a reporteros sobre un comentario hecho en una columna de un medio local. No habían pasado ni cinco días cuando el lunes 22, como por arte de magia, apareció en escena un emisario estrella: el ingeniero Jorge Chánez, secretario de Obras Públicas, quien en lugar de dar una conferencia técnica terminó dictando lo que bien podría llamarse el “Informe 3.5 de Maru Campos, by Chánez”.
Con guion en mano –seguramente redactado en el búnker de Comunicación Social por José Luis Martínez y su fiel escudero Francisco Trejo, los chilangos que hoy administran la narrativa oficial– Chánez recitó rubro por rubro: salud, seguridad, agua, cultura, turismo… de todo opinó, menos de fentanilo, porque de eso ya se había encargado medio gabinete durante dos semanas.
No cabe duda: la estrategia es clara. Montar ruedas de prensa que más parecen conferencias de campaña, disfrazadas de “informes técnicos”, donde se busca convencer a reporteros y medios de lo mucho que hace el gobierno. Aunque claro, lo que no conviene se guarda bajo siete llaves.
Ahí está, por ejemplo, el elefante en la sala: la Secretaría de Hacienda. Mientras se presume que Chihuahua tiene finanzas sanas, proveedores del estado acumulan meses sin cobrar. Dentro de la propia dependencia se admite lo obvio: no hay flujo de efectivo. ¿Entonces qué pasó con el cacareado orden financiero que incluso lleva el sello de Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda federal y hoy asesor de cabecera?
El titular estatal, José de Jesús Granillo Vázquez, parece más ocupado en pulir su imagen personal con miras al 2027 que en resolver los atrasos. Ya le armaron un equipo para proyectarlo como candidato, mientras los proveedores lanzan recordatorios de mauser por los pagos incumplidos. Eso sí, todo muy “transparente” y “legal”… al menos hasta que llegue la ASE con su lupa.
Al final, lo único que queda claro es que en Palacio hay una gran contradicción: se presume estabilidad financiera, pero se castiga a quienes sostienen con servicios y obras al propio gobierno. Y mientras se arman shows mediáticos para responder a un comentario incómodo, la realidad –esa que no cabe en boletines de prensa– sigue mostrando que la narrativa oficial está construida, sí, pero con más yeso que concreto.