El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, aclaró que lo que ocurre en la Caseta Sacramento no se trata de un cierre al libre tránsito, sino de una medida para impedir que algunas personas evadan el pago correspondiente.
Explicó que el organismo encargado de la administración de las casetas de cobro ofrece facilidades a los ciudadanos que acreditan alguna condición especial, con el fin de que el costo no represente una carga excesiva.
De la Peña consideró que cerrar los accesos utilizados para burlar el pago representa un acto de justicia, pues todos los automovilistas que utilizan la vía deben cumplir con la misma obligación.