Chihuahua, a 16 de agosto.— El sarampión volvió a Chihuahua y no por casualidad. El repunte de contagios en el estado es el resultado directo de la irresponsabilidad criminal de la administración federal anterior, que decidió suprimir y minimizar las campañas de vacunación bajo la excusa de “austeridad” y “reordenamiento del sector salud”. Hoy, la realidad cobra una factura sangrienta: 3,832 casos confirmados, 8 hospitalizados y, lo más grave, 13 defunciones de personas que nunca tuvieron acceso a la vacuna.
Los datos oficiales de la Secretaría de Salud del estado revelan que el virus avanza con fuerza. Municipios como Cuauhtémoc (1,384 casos), Chihuahua capital (728) y Nuevo Casas Grandes (203) concentran la mayoría de contagios. Pero el denominador común es aún más indignante: las muertes corresponden a personas sin inmunización, víctimas de un gobierno federal que abandonó uno de los pilares más elementales de la salud pública.
El sarampión, enfermedad que México había logrado erradicar hace más de veinte años, regresó no por fatalidad biológica, sino por decisiones políticas mal planeadas, improvisadas y negligentes. El desabasto de biológicos durante el sexenio pasado fue disfrazado con discursos de soberanía y combate a la corrupción, cuando en realidad se trató de un desmantelamiento de la infraestructura de vacunación nacional.
Hoy, la población paga las consecuencias: un rebrote que, según epidemiólogos, pudo haberse evitado con campañas oportunas de vacunación y con una política de prevención responsable. Pero la prevención fue sacrificada en nombre de la “transformación”, dejando a miles de niños y adultos sin la mínima protección.
La gobernadora María Eugenia Campos ha instruido reforzar las brigadas de vacunación, pero el daño ya está hecho: el virus encontró el terreno fértil que el abandono federal le brindó.
Este repunte del sarampión en Chihuahua no es un accidente ni una fatalidad: es un crimen por omisión, una consecuencia directa de la inacción del gobierno federal anterior, que convirtió a la salud pública en un campo de ensayo de ocurrencias administrativas.
Las cifras no mienten. Los muertos tampoco.