Washington, D.C., 11 de agosto de 2025 — El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la acusación formal contra dos empresarios mexicanos residentes en Texas, señalados de participar en un esquema de sobornos para obtener contratos millonarios con Petróleos Mexicanos (PEMEX) y su subsidiaria PEMEX Exploración y Producción (PEP).
De acuerdo con la denuncia presentada en el Distrito Sur de Texas, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61, ambos ciudadanos mexicanos y residentes legales permanentes en Estados Unidos, habrían pagado y ofrecido al menos 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de PEMEX y PEP entre 2019 y 2021.
Los pagos ilícitos, según los fiscales, incluyeron artículos de lujo como bolsos Louis Vuitton, relojes Hublot, efectivo y otros bienes valiosos, destinados a influir en el proceso de licitación y asegurar la asignación y continuidad de contratos. El esquema habría permitido que empresas asociadas con Rovirosa obtuvieran contratos por un valor mínimo de 2.5 millones de dólares.
El fiscal general adjunto interino, Matthew R. Galeotti, señaló que el caso envía un mensaje claro contra quienes “enriquecen a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”.
Los acusados enfrentan un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres cargos sustanciales de la misma norma. De ser hallados culpables, podrían recibir hasta cinco años de prisión por cada cargo. Rovirosa compareció hoy ante un juez, mientras que Ávila permanece prófugo.
Las investigaciones están a cargo del FBI y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI), con apoyo de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.
Además, documentos judiciales apuntan a que Rovirosa tendría vínculos con miembros de cárteles mexicanos, lo que podría agravar la percepción del caso tanto en Estados Unidos como en México.
Este proceso se enmarca en los esfuerzos de la Sección de Fraude de la División Criminal del Departamento de Justicia para combatir violaciones de la FCPA y de la Ley de Prevención de la Extorsión en el Extranjero.