Chihuahua, a 29 de julio .— Tania Jimena Román Villalba, estudiante de la Licenciatura en Economía Internacional en la extensión Chihuahua de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), denunció públicamente una serie de violaciones a sus derechos humanos y académicos, señalando omisiones por parte de las autoridades universitarias y del Poder Judicial Federal en el estado.
Acompañada por representantes de la organización Fedeco y del Ministerio de Retén Ciudadano, Román Villalba relató su caso en una rueda de prensa en la que exigió que su expediente sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante lo que calificó como una cadena de omisiones y actos discriminatorios que la han dejado fuera del sistema educativo.
Una lucha que comenzó en el sexto semestre
Según su testimonio, en el semestre enero-junio de 2024 solicitó el acompañamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública para garantizar su derecho a estudiar sin condicionamientos económicos. Durante el mismo periodo, junto con otros estudiantes, promovió una convocatoria dirigida a sus asesores académicos, lo que derivó —según denuncia— en actos de intimidación y persecución dentro de la Facultad de Economía Internacional. Las irregularidades, dijo, fueron denunciadas formalmente ante el Consejo Técnico de la facultad.
Expulsada de clases y borrada del sistema
Al iniciar el séptimo semestre, Román asegura que pese a contar con constancias oficiales de inscripción expedidas por la propia universidad, los profesores comenzaron a señalar que “no estaba en el sistema” SEGA (Sistema Estratégico de Gestión Académica). Esta situación derivó en discriminación y acoso en el aula, denuncia.
“El 23 de septiembre de 2024 llamaron a la Policía Municipal para desalojarme de mis clases. Todo por no aparecer en el sistema, pese a tener mis documentos en regla”, afirmó con documentos en mano.
Fallos judiciales contradictorios
Román Villalba explicó que durante el juicio de amparo correspondiente al sexto semestre obtuvo una suspensión definitiva, cuyos efectos, asegura, siguen vigentes pese a un recurso de revisión interpuesto por la universidad.
Sin embargo, en el amparo interpuesto por los hechos del séptimo semestre, el juzgado no le otorgó la suspensión, argumentando que nunca acudió a clases, algo que ella desmiente categóricamente: “Es falso. Si no hubiera estado en clases, ¿por qué me sacó la Policía Municipal?”, cuestionó.
Actualmente, su situación jurídica incluye dos recursos de revisión y dos quejas activas: una por cada uno de los juicios de amparo. Pese a ello, afirma que “los juzgados federales en Chihuahua y los tribunales colegiados no han garantizado mis derechos”, por lo que ahora busca que el caso sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Exige justicia y garantías
“Hoy no tengo acceso a la educación. Me dejaron en el limbo jurídico”, lamentó. La estudiante exige que las máximas instancias del país intervengan para restituir su derecho a estudiar y se sancione la discriminación institucional que, asegura, ha enfrentado por ejercer su derecho a la participación estudiantil.
Por su parte, representantes de las organizaciones sociales que la acompañan manifestaron que este no es un caso aislado, sino una muestra de los obstáculos que enfrentan estudiantes que se atreven a cuestionar y organizarse dentro de las instituciones educativas.
“Pedimos una solución inmediata y que se haga justicia”, concluyó Tania Jimena Román.