Por Horus
Este viernes, Chihuahua se viste de luto e indignación. Familiares, activistas y defensores de derechos humanos convocaron a una marcha pacífica para exigir justicia por el pequeño Jasiel Giovanny, un niño de apenas ocho años brutalmente asesinado —presuntamente— por su padrastro.
La caminata partirá de la Plaza del Ángel rumbo al Tribunal Superior de Justicia, y promete cerrar calles y abrir, de nuevo, el profundo debate social sobre los horrores que sufren los más vulnerables.
Y aunque el juez dictó auto de vinculación a proceso contra Abraham Alejandro F. D. —acusado de homicidio agravado, violación con penalidad agravada y violencia familiar—, la indignación no termina ahí. Resulta que el señorito, nacido biológicamente hombre, estaría purgando su reclusión en el Cereso Femenil, donde la vida (y la sentencia) podrían ser menos dura.
El siempre locuaz diputado Francisco Sánchez brincó de su escaño, puso cara de héroe y denunció ante la CEDH para que lo manden al Cereso Varonil. Según dice, hay ocho menores hijos de reclusas que no tienen por qué compartir patio con un infanticida. Tiene razón, pero como siempre, la retórica de Sánchez resuelve poco y alimenta harto el reflector.
Mientras tanto, en otra arena política, el fiscal anticorrupción Abelardo Valenzuela Holguín dio cátedra de paciencia y show mediático, dedicando dos horas a contar con pelos, señales, sellos y folios cómo va el circo judicial contra el exgobernador Javier Corral y sus amigos.
Cuentas aseguradas aquí, propiedades allá: que si del exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez, de su esposa, de su hija, del empresario López Elías… En total, dos propiedades que suman unos 10 millones de pesos. Claro, una gota en el océano comparado con los más de 700 millones que presuntamente volaron durante la administración corralista.
El colmo del surrealismo lo puso la denuncia del fiscal: cuando pidieron la colaboración de la Fiscalía de la Ciudad de México para detener a Corral, les respondieron borrándolos del sistema federal. Literal: delete. Obstrucción de la justicia “nunca antes vista”, dijo Valenzuela.
Pero tranquilos, que según él Chihuahua sigue en el “convenio general”… solo que, ejem, ya no aparecemos en la lista.
Por si Chihuahua no tuviera suficientes broncas, el presidente de la Unión Ganadera, Álvaro Bustillos, volvió de Washington echando humo. Resulta que la secretaria de Agricultura de EUA, Brooke Rollins, ordenó cerrar la frontera al ganado mexicano porque se detectó el gusano barrenador.
Bustillos, con razón, dijo que el castigo parece más político que técnico. Y es que el golpe le duele tanto a productores chihuahuenses como a los de Texas, Nuevo México y Oklahoma. Más de 40 mil empleos americanos dependen de ese intercambio que, ahora, está en pausa.
Dice Bustillos que la secretaria está “muy mal asesorada” y que esta medida desalienta la cooperación en sanidad animal. Tiene razón: castigar a quien reporta problemas solo empuja a esconderlos.
En la montaña, la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, acudió —arrastrada por el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña— a explicar por qué su municipio está ahogado en violencia.
Puso su mejor cara (o la que pudo) ante los reporteros, negó haber huido del municipio durante la crisis de seguridad y aseguró que “solo” cuatro o cinco negocios han cerrado “por precaución”.
Lo surrealista: mientras la presidenta municipal decía que todo bajo control, la custodiaba una veintena de elementos de la Guardia Nacional. La pregunta obligada: ¿si está tan tranquilo Guadalupe y Calvo, para qué lleva medio pelotón de escolta?
Mientras el país se indigesta con la política local, desde el otro lado del río Bravo, Donald Trump saca el garrote electoral y anuncia un arancel del 50% al cobre (afectando a México, Canadá y Chile) y amenaza con castigar comercialmente a media docena de países más.
La política exterior trumpista, tan sutil como un balde de clavos, podría golpear al norte de México y de paso al empleo en Estados Unidos. Pero de eso, hablaremos otro día.
Entre infanticidas “protegidos”, cuentas aseguradas, fronteras cerradas, alcaldes que niegan lo obvio y diputados que declaran más de lo que hacen, Chihuahua se debate entre la justicia que llega y la que nunca alcanza.
O como decía un viejo político de lengua filosa: “Aquí lo raro no es que pasen cosas increíbles… lo raro sería que no pasaran”.