En un video en redes sociales el alcalde Marco Bonilla Mdndoza anuncio un proceso legal contra la constructora del fraccionamiento Xenit.
Más que un parte de prensa, una dolorosa confirmación de lo que muchos temían: en Chihuahua, la especulación inmobiliaria y la falta de supervisión oficial siguen costando caro… demasiado caro.
El estudio técnico ordenado por el municipio concluyó que 32 viviendas presentan daños irreversibles y representan un riesgo real de derrumbe y deslaves. Las familias que creyeron estar invirtiendo su patrimonio en un lugar seguro tendrán que ser evacuadas. ¿Quién les devuelve la paz y el dinero?
El alcalde anunció con tono firme la presentación de denuncias penales y civiles contra la desarrolladora DEXE, así como la suspensión de licencias de su director general de obras y del perito responsable. Correcto, pero insuficiente: el problema no empezó hoy ni es solo culpa de una empresa.
Detrás de cada ladrillo mal colocado, de cada dictamen falseado y de cada permiso entregado, hubo funcionarios municipales que autorizaron y supervisaron este desarrollo. ¿Quién los vigila a ellos? ¿Cómo es posible que el municipio apenas hoy “descubra” que la constructora mintió, cuando el proyecto se levantó ante la vista de todos?
Mientras tanto, el mensaje oficial se concentra en mostrar al municipio como aliado de las víctimas, sumándose a denuncias ante PROFECO. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire:
🔹 ¿Qué controles fallaron para que estas viviendas se construyeran?
🔹 ¿Por qué no se detectó a tiempo el riesgo que ahora obliga a desalojar a decenas de familias?
🔹 ¿Cuántos otros fraccionamientos presentan riesgos similares?
La tragedia de Xenit evidencia que en el modelo de desarrollo urbano de la ciudad ha pesado más el interés de vender terrenos y viviendas que garantizar construcciones seguras. Y aunque los procesos penales contra DEXE son necesarios, no bastan para reparar el daño real: la angustia, el desplazamiento forzado y el despojo patrimonial de decenas de familias.
El caso Xenit no puede cerrarse con una rueda de prensa ni con un proceso judicial que dure años: es un llamado urgente a replantear la relación entre autoridades y constructoras. Porque hoy el saldo es claro: mientras algunos hicieron negocio, 32 familias ven desmoronarse –literalmente– su hogar y su tranquilidad.