La diputada local de Morena, Rosana Díaz Reyes, lamentó que Chihuahua ocupe el cuarto lugar nacional en homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, e hizo un llamado a replantear la estrategia estatal de seguridad, cuestionando proyectos como Centinela y la inversión realizada en infraestructura tecnológica.
Sin embargo, en su declaración, la legisladora omitió señalar que la gran mayoría de los homicidios dolosos en la entidad están vinculados a disputas entre grupos del crimen organizado, un fenómeno que, por mandato constitucional, corresponde atender de manera principal a la Federación.
En su posicionamiento, Díaz criticó que otros estados como Zacatecas, Tamaulipas, Chiapas y Quintana Roo han logrado reducir sus índices de homicidios, mientras que Chihuahua se mantiene en los primeros lugares. Además, reprochó que la construcción de la Torre Centinela quedará concluida hasta agosto de 2027, por lo que —dijo— en este sexenio no se verán los resultados prometidos.
“Es urgente que se recupere el orden y la paz en Chihuahua y que las y los chihuahuenses vivamos en un entorno seguro”, concluyó.
No obstante, analistas locales señalan que la estrategia de seguridad estatal es solo una parte de la solución, ya que el problema central radica en las estructuras criminales que operan a nivel nacional e internacional, cuya persecución y combate efectivo dependen de las fuerzas federales: Ejército, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República.
La crítica de la diputada, aunque válida en cuanto a la exigencia de mayor seguridad, resulta parcial, pues pasa por alto que Chihuahua —ubicado en la franja fronteriza y con rutas clave para el trasiego de drogas— enfrenta un fenómeno de violencia que rebasa las capacidades del estado y exige una acción decidida y sostenida del Gobierno Federal, encabezado por su propio partido.
Mientras tanto, las cifras confirman que la entidad sigue sumida en altos niveles de violencia, y los proyectos locales, aunque necesarios, difícilmente pueden revertir por sí solos una problemática de carácter estructural que requiere, antes que discursos, una verdadera estrategia integral y corresponsable entre Federación y Estado.