Acusan diputadas del PAN y dirigente estatal que reformas aprobadas en periodo extraordinario centralizan el poder y vulneran derechos humanos

Chihuahua, Chih.— Las diputadas federales del PAN, Rocío González Alonso y Manque Granados, junto con la presidenta estatal del partido, Daniela Álvarez, ofrecieron esta mañana una rueda de prensa en la que denunciaron que el paquete de reformas aprobado durante el reciente periodo extraordinario en el Congreso de la Unión tiene como objetivo centralizar el poder en el gobierno federal, desaparecer contrapesos y poner en riesgo derechos fundamentales de la ciudadanía.

“Estas reformas comparten tres objetivos claros: concentrar el poder en el gobierno, erosionar los contrapesos y reducir la intervención del ciudadano ante el gobierno, debilitando o eliminando órganos autónomos”, expresó Daniela Álvarez, quien acusó que la intervención del oficialismo busca, además, “censurar información pública y restringir la transparencia”.

Las legisladoras desglosaron los puntos más preocupantes de las reformas:

🔹 CURP biométrica
Se estableció la obligatoriedad de contar con una CURP biométrica, controlada por la Secretaría de Gobernación, lo que calificaron como un avance hacia la vigilancia masiva y el uso discrecional de datos personales. “Eliminar trámites burocráticos siempre es positivo, pero preocupa que sea a costa de someter la identidad de cada mexicano a controles sin contrapeso judicial”, explicó Rocío González Alonso.

🔹 Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión
Se desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), concentrando sus funciones en una nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por una persona designada directamente por la presidenta de la República. “Se autoriza la geolocalización en tiempo real de todos los usuarios de telefonía móvil y se permite la suspensión de transmisiones alegando ‘derecho de las audiencias’, lo que representa un riesgo grave para la privacidad y la libertad de expresión”, señaló Manque Granados.

🔹 Reforma a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública
Si bien reconocieron como positivo el propósito de profesionalizar la inteligencia policial, las diputadas cuestionaron la falta de controles judiciales en el manejo de datos y el posible uso político de la información obtenida. “No sabemos a dónde va a parar toda la información personal que recaben”, advirtió González Alonso.

🔹 Ley contra el lavado de dinero
Aunque busca alinearse con estándares internacionales, criticaron que incluye mecanismos invasivos de control de información, que podrían derivar en espionaje y persecución política.

🔹 Reformas en materia de Guardia Nacional
Denunciaron que las modificaciones buscan formalizar la incorporación total de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que le permite realizar operaciones encubiertas y acceder a datos sin controles judiciales. “Nos expone a todos a ser espiados, investigados o incluso detenidos sin justificación”, puntualizó Daniela Álvarez.

🔹 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Reconocieron que la versión final corrigió algunos puntos preocupantes, como la eliminación del padrón obligatorio de usuarios de telefonía móvil y la incorporación de mecanismos de participación ciudadana, pero advirtieron que persiste el riesgo por el manejo centralizado de los recursos y la invasión de facultades de gobiernos locales y municipales.

Como conclusión, las diputadas y la dirigente estatal del PAN reiteraron que estas reformas buscan consolidar un modelo de gobierno “altamente centralizado, debilitando contrapesos institucionales y atentando contra la transparencia y los derechos humanos”. “Lo hemos dicho en todas las ruedas de prensa: esta concentración del poder es un retroceso para la democracia mexicana”, enfatizaron.

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