Ciudad Juárez, Chih.— El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, dio a conocer que seis funerarias de Ciudad Juárez contrataban servicios con el crematorio recientemente clausurado por irregularidades en el manejo de restos humanos, donde hasta el momento se han localizado 383 cuerpos.
Las funerarias que se han identificado como clientes del establecimiento son: Luz Divina, Capillas Proyecto Deco, Funeraria Del Carmen, Funeraria Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno.
De acuerdo con el fiscal, los cuerpos hallados muestran signos de haber recibido tratamiento funerario, lo que indica que en su mayoría fueron entregados por funerarias a la empresa de cremación. Sin embargo, el servicio final —la incineración— nunca se llevó a cabo, y los cuerpos fueron acumulados en condiciones inadecuadas.
“En este momento estamos clasificando los cuerpos. Muchos llegaron desde funerarias, y eran trasladados por la empresa para su cremación, lo cual no ocurrió”, explicó Jáuregui Moreno.
El fiscal informó también que ya se ejercieron dos órdenes de aprehensión: una contra José Luis Arellano Cuarón, presunto dueño del crematorio, y otra contra Facundo Martínez Robledo, extrabajador del lugar. Ambos serán presentados ante un juez en las próximas horas por delitos como inhumación indebida de cadáveres y violaciones a la Ley General de Salud.
Las penas por estos delitos podrían ir de 2 a 3 años en el caso del Código Penal, y de 6 a 16 años por los delitos sanitarios.
Respecto a los cuerpos, Jáuregui indicó que la Fiscalía trabaja para preservar su dignidad, colocándolos en bolsas especiales y en cámaras refrigeradas, a la espera de que se avance en su identificación. Añadió que será clave que familiares que hayan contratado servicios funerarios con estas empresas acudan a solicitar información o plantear dudas sobre el destino final de sus seres queridos.
La identificación, explicó, será compleja, debido a que muchos cuerpos presentan ya procesos de descomposición o manipulación que dificultan el análisis forense, aunque se estima que algunos podrían tener entre tres y cuatro años de haber sido trasladados al crematorio.
El fiscal no descartó que se investigue a funcionarios públicos por omisiones en la supervisión del establecimiento, a pesar de que este contaba con permisos vigentes otorgados por Coespris. También indicó que se analizará por qué se permitió la operación del crematorio pese a posibles antecedentes de sanciones.
Finalmente, subrayó que el objetivo principal de la investigación será dignificar a las víctimas, brindar certeza a sus familias y deslindar responsabilidades penales, tanto de los dueños del crematorio como de otros posibles implicados.