Chihuahua, a 16 de junio.– La delegada estatal de los Programas para el Bienestar federal, Mayra Chávez, informó este lunes el exitoso cierre de la primera fase de asambleas comunitarias mediante las cuales las comunidades originarias de Chihuahua elegirán directamente el destino de un fondo de 377 860 049 pesos destinado a infraestructura social.
Durante su mensaje, Chávez destacó que gracias a la reforma del artículo 2 de la Constitución, las comunidades ya no requieren de intermediarios —sean gobiernos municipales, estatales o asociaciones civiles— para acceder a estos recursos, sino que los ejercen “de manera directa y soberana”.
“Este es un derecho que nos acerca un poco más a la justicia social, al traer recursos directamente a los pueblos y comunidades que, durante años, habían quedado al margen de la toma de decisiones”, subrayó la delegada.
Según detalló, en esta primera etapa se llevaron a cabo 438 asambleas, logrando la participación de cerca de 25 000 personas de todas las localidades registradas en la entidad. Con ello, aseguró, “no quedó ninguna comunidad fuera” del proceso de deliberación y consenso.
Los fondos se concentrarán principalmente en la Sierra Madre y otras zonas con fuerte presencia de pueblos indígenas, donde las asambleas definieron proyectos de obra pública —como mejoramiento de caminos, construcción de aulas y sistemas de agua potable— de acuerdo con las necesidades específicas de cada localidad.
“Es la población quien decide en qué invertir su presupuesto: ellas y ellos conocen mejor que nadie sus prioridades y las características de su territorio”, agregó Chávez.
La funcionaria invitó a las autoridades municipales y estatales a respetar y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en las asambleas, y anunció que, en las próximas semanas, el equipo de la Delegación de Bienestar garantizará el desembolso y supervisión de cada obra, bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas.
Con este programa, Chihuahua se suma al esfuerzo federal de fortalecer la autonomía de los pueblos originarios, promoviendo un modelo de gobernanza más participativo e inclusivo en el ejercicio del gasto público.