CDMX a 7 de junio La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a las críticas de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la elección judicial del pasado 1 de junio, más que una defensa firme de la soberanía nacional, parece una reacción defensiva ante señalamientos legítimos sobre la fragilidad institucional del nuevo modelo que Morena ha impulsado desde el poder.
Al asegurar que “no está dentro de sus funciones recomendar cómo un país debe elegir al Poder Judicial”, Sheinbaum desacredita un informe técnico de observación, emitido precisamente por una entidad internacional cuya función es analizar procesos democráticos. La presidenta insiste en que México no necesita recomendaciones externas, aunque su gobierno solicitó la presencia de observadores como parte del compromiso internacional del país con la transparencia electoral.
La postura oficial, replicada también por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no solo niega cualquier validez al informe de la OEA, sino que acusa al organismo de “extralimitarse” y “emitir juicios de valor”. Este lenguaje confrontativo contrasta con la práctica diplomática habitual de matizar o incluso considerar observaciones como áreas de mejora. El mensaje implícito es claro: cualquier crítica al nuevo régimen institucional será interpretada como una intromisión, no como una alerta democrática.
Lo preocupante de esta narrativa es que convierte la soberanía en una excusa para no rendir cuentas. Lejos de abordar las preocupaciones expresadas por la OEA —entre ellas, la falta de criterios técnicos, el riesgo de politización del Poder Judicial y la escasa participación ciudadana en los comicios—, el gobierno mexicano opta por cerrar filas y deslegitimar a quienes cuestionan.
En lugar de abrir un debate serio sobre los riesgos y vacíos de una elección judicial sin precedentes en el país, Sheinbaum prefiere reafirmar un proyecto político que centraliza el poder en nombre del “pueblo”. Así, el discurso de autodeterminación se convierte en un escudo frente a la rendición de cuentas, debilitando los mecanismos que sostienen la democracia liberal.
Con esta respuesta, la presidenta no solo desperdicia una oportunidad para mostrar liderazgo dialogante, sino que envía una señal preocupante: en el México que inicia bajo su mandato, los organismos internacionales, las voces críticas y las instituciones independientes tendrán poco espacio si no se alinean con la narrativa oficial.