Chihuahua, a 4 de junio.— En un nuevo paso hacia la resolución del escándalo financiero más grande en la historia reciente de Chihuahua, los abogados Mariano Cordero, Felipe Acosta, Sergio Mata Carrasco y un representante legal de la empresa Aras ofrecieron una rueda de prensa conjunta para informar a las víctimas que han interpuesto su querella contra la empresa, sobre los avances del caso y los próximos pasos para la reparación del daño.
El abogado Sergio Mata Carrasco, quien además es víctima directa del fraude, calificó el momento como “muy importante” en el largo proceso judicial que ha durado más de tres años. Agradeció al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, por haber iniciado las primeras gestiones para encontrar una salida institucional al conflicto.
“Hoy me siento confiado porque ya existe una sentencia firme. Pero también hay una preocupación legítima: la extinción de dominio que quiere iniciar la Fiscalía General del Estado (FGE). Si ya tenemos la sentencia, lo que queremos es que se cumpla conforme a derecho”, expresó Mata Carrasco.
Los abogados explicaron que el siguiente paso es la designación del juez ejecutor y el liquidador, figura que ya está identificada en la persona de Luis Benavides, para que pueda comenzar formalmente el proceso de asignación de bienes incautados y la eventual reparación económica a los afectados.
Insistieron en que no es momento de abrir nuevos procedimientos que puedan entorpecer el cumplimiento de la sentencia definitiva ya obtenida, sino de enfocarse en el camino legal trazado para resarcir el daño a los más de 4 mil afectados que confiaron su dinero a la firma encabezada por Armando Gutiérrez Rosas.
El abogado Felipe Acosta, por su parte, reiteró que este es el principio del fin del conflicto:
“Queremos dejar claro que ya no hay cabida para más retrasos ni más incertidumbre. Si ya existe la sentencia y las partes están de acuerdo, debe actuarse ya para cumplir con la justicia que por años han exigido las víctimas.”
El caso Aras, que involucró inversiones millonarias y una compleja red de operaciones financieras, ha sacudido a cientos de familias en Chihuahua y en otros estados del país. Con esta etapa final en proceso, las víctimas y sus representantes legales confían en que el gobierno estatal y el poder judicial cumplirán con su papel para cerrar este capítulo de impunidad y pérdida patrimonial.