POR HORUS La Columna
No cabe duda: en el guion de la 4T todo cabe… mientras no se hable de seguridad. Este sábado 17 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum llegará a Baborigame, allá en lo más recóndito de la Sierra Tarahumara, con una misión que sus aplaudidores locales no han dudado en llamar “un acto de justicia social” y “una reivindicación histórica para los pueblos originarios”. Pero mientras la mandataria reparte títulos de tierra con sonrisa de Estado, la Sierra sigue ardiendo bajo el fuego cruzado del crimen organizado, ese que no conoce Plan de Justicia ni foro público.
Con singular entusiasmo, los diputados de Morena Rosana Díaz y Cuauhtémoc Estrada se deshicieron en loas: que si se “resarcen daños”, que si se “promueve la libre determinación”, que si la president(a) con A “viene a devolver lo que es suyo al pueblo rarámuri”. ¿Y la violencia? Bien, gracias.
Resulta curioso —por no decir descarado— que el gobierno federal llegue a entregar tierras en un territorio donde los verdaderos dueños de facto no usan huaraches ni hablan ralámuli, sino botas tácticas, radios encriptados y fusiles de asalto. Baborigame, Guachochi, Guadalupe y Calvo… en todos ellos se cuentan más desplazados que restituidos, más entierros que escrituras.
¿Quién puede pensar que hay justicia en entregar documentos mientras las bandas criminales cobran piso, queman casas, expulsan familias y marcan territorio a punta de plomo? ¿De qué sirve un título de propiedad cuando el legítimo poseedor no puede pisar su parcela porque el narco ya la sembró, pero no de maíz?
Los legisladores morenistas insisten en que este acto es “histórico”. Y tal vez lo sea… como lo fue cada visita presidencial que ignoró olímpicamente la militarización de la Sierra, la complicidad de autoridades locales con los cárteles y el dolor de comunidades enteras desplazadas sin que nadie levante una sola denuncia —porque nadie regresa para hacerlo.
Claro, la ceremonia de la entrega de tierras será impecable: cámara, dron, discursos llenos de humanidad, aplausos dirigidos. Y por supuesto, seguridad garantizada… para la comitiva presidencial, no para los rarámuris.
Mientras tanto, las mismas comunidades que recibirán títulos de propiedad, reciben también amenazas, extorsiones y balas, cortesía de ese narcoestado silente que no figura en las notas de prensa de los diputados de Morena. ¿Dónde están los operativos de seguridad? ¿Dónde están los despliegues permanentes del Ejército? ¿Dónde está la voluntad de recuperar el Estado de derecho más allá de un acto protocolario?
En el segundo piso de la transformación, la justicia se entrega plastificada y la seguridad se archiva. No vaya a ser que el narco se moleste.
Porque en la Sierra Tarahumara, la justicia llega… pero con escolta, helicóptero y sólo por un par de horas. Luego, las tierras vuelven a ser territorio de nadie. O de siempre: los mismos que no piden títulos, sino silencio.