Chihuahua, a 13 de mayo.— El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela señaló que el abogado Pedro López Elías, deberá presentarse hoy ante el juez de la causa por el presunto delito de peculado agravado por el desvío de 98.6 millones de pesos, causa que se le le sigue asimismo a Arturo Fuentes Veles, que se encuentra en estos momentos prófugo de la justicia.
Valenzuela confirmó la existencia de una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes Vélez, por su presunta participación en un esquema de peculado agravado y hechos de corrupción en el manejo irregular de 98.6 millones de pesos del erario público.
La causa penal 3050/2024 también incluye al titular del despacho López Elías, quien tramitó un amparo en la Ciudad de México, el cual le otorgó una suspensión provisional, condicionada a que se presente hoy mismo ante el juez local de la causa. De no hacerlo, advirtió el fiscal, “estará formalmente sustraído de la acción de la justicia”.
“Ya se giraron convenios de colaboración en las 32 entidades federativas para su localización”, informó Valenzuela, al señalar que el exfuncionario continúa prófugo, a pesar de los llamados a comparecer.
¿De qué se les acusa?
La investigación, judicializada por la Fiscalía Anticorrupción, señala que los recursos fueron desviados a través de un contrato irregular supuestamente destinado a la reestructuración de la deuda pública durante el quinquenio anterior, bajo la administración del exgobernador Javier Corral Jurado, quien por ahora cuenta con inmunidad constitucional.
“Lo que queremos es saber dónde quedaron los 98.6 millones de pesos. No hay entregables. La Auditoría Superior del Estado les dio meses para justificar el gasto, y no lo hicieron. Lo que argumentan que entregó Hacienda no fue producto del contrato con el despacho. Se usaron recursos públicos sin sustento documental”, sentenció Valenzuela.
El fiscal también cuestionó que tanto el exsecretario como el despacho beneficiado optaran por el amparo en lugar de enfrentar la justicia.
“Si tienen cómo acreditar que se hizo el trabajo, ¿por qué no se presentan ante el juez? ¿Por qué no piden licencia, como el exgobernador, y rinden cuentas?”
Un contrato sin pruebas de ejecución
La carpeta de investigación documenta que el contrato fue firmado para servicios de asesoría financiera relacionados con la deuda pública, pero no existen documentos, reportes o resultados que demuestren la ejecución del servicio. La Fiscalía asegura contar con elementos financieros y periciales que sustentan la acusación.
“Se dispuso de recursos que no estaban destinados a ese fin, y se entregaron a un particular sin respaldo. Esto no es una suposición, hay evidencia suficiente para judicializar”, recalcó.
La Fiscalía continúa en la búsqueda activa de todos los involucrados, con la intención de que comparezcan ante el juez de control del estado. La causa penal avanza, y el mensaje del fiscal fue claro:
“Este no es un tema político, es un tema penal. No estamos hablando de diferencias ideológicas. Estamos hablando de casi 100 millones de pesos que desaparecieron, y que alguien debe responder ante la justicia por ello.”