Por HORUS la Columna
La nacionalidad no es una medalla honorífica ni una salida diplomática para el desencanto político. Es un acto solemne de integración, de reconocimiento mutuo entre un ciudadano y una nación. Por eso, resulta profundamente contradictorio –rayando en lo cínico– que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, pretenda ahora adquirir la nacionalidad española, luego de haber contribuido activamente a tensar las relaciones diplomáticas entre México y España durante el sexenio pasado.
No hablamos de un episodio menor ni de una polémica aislada. Recordemos que en marzo de 2019, López Obrador envió una carta al Rey Felipe VI exigiendo disculpas por la Conquista. Un acto deliberadamente simbólico, más cercano al revisionismo ideológico que a un gesto genuino de reconciliación. Aquella misiva no surgió de un vacío: fue redactada con el apoyo del Consejo Asesor Honorario de la iniciativa de Memoria Histórica y Cultural de México, coordinado por la propia Gutiérrez Müller.
Durante todo el sexenio, la narrativa oficial mexicana promovió una relectura de la historia teñida de rencor y revisionismo, colocando a España en el banquillo de los acusados por hechos ocurridos hace más de cinco siglos. Se llegó incluso a comparar la Conquista con el Holocausto, equiparando un proceso de mestizaje histórico con el genocidio sistemático de millones. Una ofensa no solo para la inteligencia histórica, sino también para la memoria de los verdaderos crímenes de lesa humanidad.
Ahora, la misma figura que participó en ese discurso pretende beneficiarse de la nacionalidad española. ¿Con qué justificación? ¿En qué momento se transformó la narrativa del agravio en un gesto de afinidad cultural? ¿Se puede atacar a una nación en lo simbólico y luego buscar su cobijo en lo práctico?
España no debe permitir que su ciudadanía sea utilizada como herramienta de conveniencia. Otorgar la nacionalidad a Gutiérrez Müller no solo sería incoherente, sino que enviaría un mensaje peligroso: que el discurso antiespañol puede convertirse en una ruta indirecta para el beneficio personal, sin consecuencia alguna.
La ciudadanía, repito, es un acto de respeto mutuo. Y mientras no exista al menos una retractación pública, un reconocimiento del daño diplomático causado o un gesto de auténtica reconciliación, resulta ofensivo que alguien que promovió la denigración histórica de España pretenda ahora formar parte de su identidad legal.
No es una cuestión de ideología. Es una cuestión de coherencia, de dignidad y de respeto histórico.