
Ciudad de México a 25 de abril. — La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una fuerte ola de críticas tras enviar al Senado una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), que ha sido calificada por la oposición y diversos sectores de la sociedad civil como un intento directo de censura. La iniciativa, ya aprobada ayer en comisiones del Senado por la mayoría de Morena, PT y PVEM, será votada en el Pleno el próximo lunes.
El centro de la polémica es el artículo 109 del proyecto, que faculta a la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) a bloquear plataformas digitales, redes sociales, sitios web y aplicaciones sin necesidad de una orden judicial ni supervisión externa.
“El gobierno podrá bloquear una crítica en redes, un portal incómodo o cualquier canal informativo que no sea del agrado de quienes están en el poder. Esto es un asalto a la libertad de expresión y un claro ejercicio de censura”, advirtió el senador Manuel Añorve Baños, del PRI.
La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, se sumó a las críticas señalando que el mismo organismo que emite los lineamientos será quien decida qué plataformas bloquear. “Es juez y parte, sin contrapesos, sin procedimientos claros, y con un claro sesgo político”, acusó.
En su turno el Senador Anaya del PAN expuso los detalles de esta imposición de la presidencia que atenta contra la libertad de expresión o medio de control como se establece en países comunistas como Venezuela, Cuba, China, Rusia y demás.
La reforma, que en apariencia busca impedir propaganda de gobiernos extranjeros en medios mexicanos, ha sido vista como un caballo de Troya legislativo que esconde un mayor control estatal sobre el flujo de información digital.
Organismos empresariales y del sector privado también encendieron las alarmas. La International Chamber of Commerce México (ICC México) llamó a frenar el proceso y establecer un parlamento abierto para discutir las implicaciones del dictamen.
“Reconocemos la necesidad de actualizar el marco regulatorio, pero esta reforma amenaza la autonomía técnica, operativa y presupuestaria de los órganos reguladores. Va en contra de compromisos internacionales como el T-MEC”, advirtió la ICC México.
Desde el PAN, PRD, PRI y MC, legisladores han adelantado que votarán en contra de la reforma. El diputado Elías Lixa (PAN) advirtió que “este intento de censura es el más grave en tiempos recientes” y acusó al gobierno de actuar de espaldas a la ciudadanía.
El dictamen fue aprobado la noche del miércoles en “fast track” por las comisiones del Senado dominadas por Morena, y se prevé que la discusión final en el Pleno se realice el lunes a las 10 de la mañana, bajo un clima de creciente tensión política y presión social.
Diversas organizaciones defensoras de derechos digitales, periodistas y usuarios de redes sociales han convocado protestas, foros y campañas para visibilizar lo que consideran “una ley mordaza del siglo XXI”.
El debate que se avecina no solo será legislativo, sino cultural, jurídico y democrático: ¿debe el gobierno tener la facultad de apagar las redes a voluntad? La pregunta, más vigente que nunca, marcará el pulso de las libertades digitales en México.