Chihuahua, a 14 de abril.- La recién aprobada reforma judicial promovida por el Congreso de la Unión representa una fuerte carga económica para los estados, advirtió el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, quien detalló que en el caso de Chihuahua, el impacto presupuestal podría superar los 600 millones de pesos.
Durante una declaración a medios, De la Peña criticó que la Federación haya aprobado una reforma “que nadie pidió” y cuyo costo, aseguró, está siendo trasladado a los gobiernos estatales sin acompañamiento financiero.
“El planteamiento de los legisladores federales es que ellos tuvieron la ocurrencia de esta reforma, pero los que la vamos a pagar somos los estados. En el caso de Chihuahua, se estima que tan solo la organización de las elecciones para elegir a jueces y magistrados costará más de 330 millones de pesos”, puntualizó el funcionario.
Además, explicó que la reforma obliga a indemnizar a jueces y magistrados que deban retirarse o jubilarse, lo que implicará un gasto adicional de aproximadamente 600 millones de pesos. Este escenario, dijo, amenaza con afectar el gasto operativo del Gobierno del Estado.
Frente a este panorama, De la Peña señaló que la administración estatal está haciendo esfuerzos para mantener la disciplina fiscal y aumentar la recaudación de recursos propios, con el objetivo de que esta carga presupuestal impacte lo menos posible en los planes y programas del Gobierno.
“Por instrucciones de la gobernadora Maru Campos, se está priorizando el gasto en salud, seguridad y educación. Se está evaluando en qué áreas esta presión financiera puede hacer menos estragos, pero es claro que esta reforma federal impone un serio desafío para las finanzas estatales”, concluyó.