
Por HORUS
En el maravilloso y surrealista mundo del sistema judicial chihuahuense, donde la justicia camina a paso lento, pero seguro… hacia la puerta trasera, la Fiscalía del Estado se aventó otro de esos comunicados que hacen que uno quiera gritarle al cielo: ¿es neta?
Esta semana, con bombo y platillo, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia informó que logró una sentencia de ocho años para un sujeto por abuso sexual agravado contra una niña de ocho años, a la que violentó en varias ocasiones entre 2019 y 2021. ¡Ocho años!
Pero ojo: no solo se trata de la sentencia. Se trata de que el agresor, Gabino Ricardo B.J., tendrá el lujo de cumplir su condena desde su casa, con todo y pantuflas, cafecito y televisión. ¿La razón? Pues que está “grande de edad”. Porque, claro, si alguien tiene años encima, automáticamente se le borra la maldad, ¿no?
Eso sí, de la foto del agresor, nada. Casi parece que el delito fue menor, o que se trata de un primo incómodo al que no se quiere exhibir. La Fiscalía, tan entusiasta para ventanear a jóvenes en narcomantas o capturar ladronzuelos de Oxxo con más filtros que una influencer, ahora se pone muy recatada porque el agresor tiene canas. Y vaya ironía: las víctimas sí tienen rostro, edad, historia… pero el abusador no.
Y mientras tanto, la ciudadanía se pregunta: ¿cuántos “Gabino Ricardo” hay viviendo tranquilamente en sus casas con una condena encima? ¿Qué tanto vale una infancia violentada frente a la vejez de un agresor? ¿Y qué tan “progresista” es un sistema judicial que mide la justicia con una regla torcida y, a veces, hasta compasiva?
La justicia, como la dignidad, no debería tener fecha de caducidad ni consideraciones por la edad cuando se trata de proteger a los más vulnerables. Pero parece que en Chihuahua, algunos ancianos no pagan sus crímenes… los administran.
Bienvenidos a la justicia selectiva, versión adulto mayor.