
El diputado federal Alejandro Domínguez su postura frente al proceso de desafuero contra el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, señalo que considera este procedimiento como una cortina de humo para desviar la atención de otros casos importantes, como el ocurrido en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.
A pesar de las controversias en torno al caso, los miembros del PRI destacaron su firme apoyo a la legalidad y el Estado de Derecho, enfatizando que el desafuero no debe interpretarse como una culpabilidad automática de Blanco. En su intervención, los diputados explicaron que el procedimiento de desafuero se basa en la declaración de procedencia establecida en el artículo 74 de la Constitución, el cual faculta a la Cámara de Diputados a determinar si existen elementos suficientes para proceder penalmente contra un servidor público.
Los legisladores priistas detallaron que, en el caso de Cuauhtémoc Blanco, es necesario cumplir con una serie de requisitos para que se lleve a cabo el juicio de la acción penal. En particular, indicaron que es necesario acreditar los elementos del tipo penal de tentativa de violación. Sin embargo, señalaron que la Fiscalía de Morelos solo ha presentado tres pruebas dentro de la carpeta de investigación: la declaración de la víctima y dos dictámenes periciales psicológicos.
De acuerdo con los diputados del PRI, las pruebas presentadas por la Fiscalía no son suficientes para acreditar los elementos del tipo penal. Subrayaron que la carpeta de investigación no incluye entrevistas a todos los testigos presentes en el lugar de los hechos ni otros elementos periciales clave que podrían ser determinantes en el caso.
En vista de lo anterior, los integrantes del PRI solicitaron a la Fiscalía de Morelos subsanar las deficiencias de la investigación antes de proceder con el desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Enfatizaron que no se debe tomar una decisión apresurada sin contar con todos los elementos probatorios necesarios para sustentar el caso de manera sólida.
Los diputados priistas reiteraron la importancia de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia en todo momento. Aseguraron que se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente que garantice la justicia para todas las partes involucradas, evitando que se utilice el proceso de desafuero como una herramienta política o mediática.