
Camargo, Chih.- El coordinador de los diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, ofreció una conferencia de prensa en la que dio voz a los representantes de los 116 empleados sindicalizados despedidos de manera injustificada y agredidos por el gobierno municipal de Jorge Aldana, quienes exigieron su reinstalación.
Los trabajadores señalaron que, aunque el alcalde y los regidores del PAN han mostrado disposición al diálogo en las últimas semanas, ahora son ellos quienes no acceden a una mesa de negociación, ya que la demanda principal es su reincorporación a sus puestos. Además, los empleados acusaron que su despido fue parte de una estrategia para favorecer a una empresa que realiza cambios de giro, de prestamista a recolectora de residuos sólidos, a la cual se le ha asignado un contrato por 33 millones de pesos, mientras que el costo en Delicias, con una mayor carga de basura, es de 32 millones.
Ernesto Leyva y Eduardo Talamantes, representantes de los empleados, denunciaron que el costo mensual de contratar a los trabajadores municipales era de 800 mil pesos, mientras que a la nueva empresa se le paga 2 millones 100 mil pesos mensuales, con un contrato de 15 años.
Como respuesta a lo que consideran un despido injustificado, los empleados han iniciado una huelga, que incluyó la retención de tres catorcenas de salario. Las manifestaciones se intensificaron el pasado 21 de febrero, cuando trabajadores colocaron banderas en el patio de servicios municipales y fueron reprimidos por la policía, resultando en varios detenidos y agredidos.
Asimismo, los manifestantes denunciaron que, previo a la huelga, se distribuyeron volantes, y en respuesta, se usó la fuerza pública para retirarlos de vehículos y domicilios, además de la detención de una de las empleadas bajo el pretexto de ingesta de bebidas embriagantes, aunque no se comprobó dicha acusación. Posteriormente, se le impuso una multa por falta de placa vehicular.
Los trabajadores han expresado su determinación de continuar con las acciones legales y manifestaciones hasta lograr su reinstalación y hacer justicia por los abusos que, aseguran, han sufrido a manos de las autoridades municipales.