
Una revisión realizada por MILENIO a los datos públicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revelado que cinco estados concentran la mitad de los fondos federales presuntamente perdidos en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Veracruz, Chihuahua, Aguascalientes, Colima y Coahuila acumulan irregularidades en el manejo de mil 14 millones de pesos, sin aclaraciones satisfactorias.

Veracruz y el legado de Javier Duarte
Veracruz encabeza la lista con un faltante de 310.3 millones de pesos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, durante el sexenio de Javier Duarte. Estos recursos no han sido debidamente justificados, según la ASF.

Chihuahua y el último año de César Duarte
El estado de Chihuahua presenta un presunto desfalco de 232.1 millones de pesos. De este monto, el 70 por ciento (155.2 millones) corresponde a 2016, último año de gobierno de César Duarte, actualmente preso y acusado de corrupción.
Aguascalientes y las cuentas sin resolver
Aguascalientes suma 180 millones de pesos sin justificar, de los cuales la mayoría (176.5 millones) corresponden al sexenio de Martín Orozco (2016-2022).
Colima: violencia e irregularidades financieras
Colima, catalogado como el estado más violento del país desde 2022, también arrastra un significativo desfalco de 155.8 millones de pesos en el uso de los recursos del FASP. La ASF indica que el 90 por ciento de estos fondos (141.4 millones) corresponden a 2023, bajo la administración de la actual gobernadora Índira Vizcaíno.
En 2023, Colima recibió 233 millones 279 mil pesos del FASP, de los cuales el 60 por ciento no han sido justificados. La ASF considera que esta falta de transparencia representa un probable daño al erario.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Colima no pudo demostrar con evidencia documental la correcta aplicación de estos recursos. Entre las irregularidades destacan la renta de 152 patrullas sin comprobantes válidos, por un total de 112 millones de pesos, así como la falta de pruebas en la entrega de artículos y herramientas destinadas al personal de seguridad pública.
Algunos de los gastos sin respaldo incluyen:
- 8.6 millones de pesos en uniformes y prendas de protección.
- 5 millones en equipamiento tecnológico y de comunicaciones.
- 4.2 millones en equipo médico y de laboratorio.
- 2.5 millones en mantenimiento de equipo forense.
- 2.5 millones en productos químicos y farmacéuticos.
- 1.3 millones en maquinaria y herramientas.
- 762 mil pesos en mobiliario y equipo administrativo.
- 672 mil pesos en telecomunicaciones.
- 250 mil pesos en conmutadores y refacciones de cómputo.
- 50 mil pesos en licencias de software para bases de datos del SNSP.

Coahuila y la herencia de Rubén Moreira
Por su parte, Coahuila enfrenta un presunto daño patrimonial de 136 millones de pesos, de los cuales el 82 por ciento corresponden a los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, bajo la administración de Rubén Moreira.
La ASF ha señalado la falta de transparencia en el uso de estos recursos destinados a fortalecer la seguridad pública en las entidades mencionadas. Mientras las investigaciones avanzan, la exigencia de rendición de cuentas y de sanciones para los responsables sigue siendo una demanda constante de la ciudadanía.