Chihuahua, a 7 de febrero– El secretario general de gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, se pronunció sobre la controversia constitucional interpuesta por la Presidencia de la República en contra de las medidas sanitarias implementadas por el gobierno de Chihuahua, que afectaron la exportación de ganado a Estados Unidos. Esta acción legal fue promovida después del cierre de fronteras impuesto por el gobierno estadounidense debido al riesgo de contaminación por el gusano barrenador.
De la Peña Grajeda explicó que la controversia constitucional es una herramienta legal que se activa cuando existen diferencias de criterio entre distintos niveles de gobierno. «Es un mecanismo constitucional que el Gobierno Federal activó, y estamos dispuestos a defender nuestro punto de vista dentro de los mismos mecanismos legales», señaló el funcionario.
Asimismo, recordó que la actividad ganadera en Chihuahua no solo es un pilar fundamental de la economía estatal, sino que además ha sido clave en la identidad de la región. «Somos el Estado número uno en exportación de ganado a Estados Unidos, y es de vital interés para la gobernadora Maru Campos proteger esta industria y mantener la competitividad de nuestros productos en el mercado estadounidense», afirmó.
El gobierno estatal había dictado un acuerdo para proteger la salud pública en el estado, evitando la propagación del gusano barrenador, lo que resultó en la imposición de restricciones que afectaron la exportación de ganado. Sin embargo, el secretario indicó que estas acciones estaban dentro de las facultades legales del gobierno estatal, y que tanto la Gobernadora como el gobierno de Chihuahua han actuado de acuerdo con la ley.
De la Peña destacó que la frontera ya se encuentra reabierta para la exportación de ganado, lo que consideró como una victoria para los ganaderos chihuahuenses. «No solo lo que hizo el Gobierno del Estado, sino también el trabajo conjunto con el Gobierno Federal, ha permitido que la exportación se reactive», expresó.
Respecto a la controversia constitucional, el secretario subrayó que la diferencia de criterios debe resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. «Es un tema legal, y confiamos en que la autoridad correspondiente tomará la decisión final», agregó.