Chihuahua, 30 de enero — El Secretario General de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda, se pronunció con cautela sobre la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declara inconstitucionales varios artículos del Código Penal de Chihuahua, los cuales criminalizan el aborto.
En sus declaraciones, De la Peña Grajeda evitó ofrecer una postura institucional al respecto, señalando que aún no se conocen los alcances completos de la resolución.
“Del documento que contiene la resolución, yo creo que sería muy aventurado ofrecer una posición institucional si realmente no conocemos los alcances de la resolución. Lo que conocemos es lo que se ha filtrado a través de los medios de comunicación, y son ideas fragmentadas, sin el contexto completo sobre el cual se está resolviendo», comentó el funcionario.
El secretario añadió que, por el momento, no desea caer en «falsos debates» sobre el tema sin contar con la información completa. “Seguramente, en los próximos días, estaremos analizando esta resolución como gobierno y con todo gusto habrá un posicionamiento al respecto”, indicó.
El Pleno de la SCJN aprobó el pasado jueves la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 143, 145 y 146 del Código Penal de Chihuahua, que imponían sanciones penales tanto a las personas que practicaran un aborto como a quienes lo consintieran. Esta decisión fue tomada por mayoría de votos y tendrá efectos retroactivos, lo que beneficiará a aquellas personas que se encuentren bajo proceso penal por realizarse un aborto en el estado.
El fallo fue impulsado por un amparo resuelto en octubre de 2023 por la Primera Sala de la Corte, el cual reconoció que los artículos en cuestión violaban los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. La actual declaratoria amplía los efectos de este amparo, beneficiando a quienes hayan sido procesadas bajo las normas que fueron invalidadas.
Aunque la resolución fue un paso importante en la discusión sobre el aborto en México, Santiago de la Peña Grajeda subrayó que, como gobierno, su administración aún no ha tenido tiempo suficiente para analizar los detalles completos de la sentencia y sus implicaciones, y por ello se abstuvo de emitir una postura definitiva.