Chihuahua, 27 de enero de 2025.- El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, aclaró hoy que la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) será la encargada de realizar el avaluó de las 70 propiedades aseguradas de la empresa Aras Business Group, como parte del proceso para determinar el monto que corresponde a cada uno de los afectados por el fraude de esta inversión. La decisión, según explicó el fiscal, tiene como objetivo disminuir costos en el proceso y garantizar la transparencia en el reparto de los bienes.
En entrevista, Jáuregui detalló que, tras el aseguramiento de las propiedades, se procederá a su evaluación para determinar su valor y, posteriormente, dividir lo obtenido entre los más de 6,000 afectados que interpusieron denuncias contra la empresa. Sin embargo, hizo énfasis en que no se permitirá que ninguna manifestación o presión externa altere el curso del proceso judicial.
«Este proceso se va a llevar a cabo conforme a lo establecido por la ley. No vamos a permitir que un grupo de afectados que se manifiestan o presionan más que otros obtengan privilegios. Todos los afectados tienen el mismo derecho a recibir lo que les corresponde, y así se procederá una vez que se logren resolver los recursos legales que están en curso», señaló Jáuregui.
En cuanto al avalúo de las propiedades, el fiscal explicó que este es un proceso complejo debido a que se trata de inmuebles de alto valor, algunos de ellos muy grandes, por lo que se optó por contratar los servicios de la UACH, que, a través de un convenio con la Fiscalía General del Estado, realizará el trabajo de manera económica, sin que ello implique un retraso en el proceso.
«El avalúo es un proceso costoso, y queremos ahorrar recursos en la medida de lo posible. Por eso, hemos decidido que la UACH sea la encargada de realizarlo. Esta es una universidad de prestigio, y confiamos en su capacidad técnica para llevar a cabo este trabajo», explicó el fiscal.
Además, Jáuregui reiteró que las propiedades incautadas están bajo la custodia del Estado y que no se permitirá que ninguna persona, ya sea víctima del fraude o no, intente disponer de estos bienes de manera ilícita. «Si alguien intenta tomar alguno de estos bienes o actuar de manera inapropiada, procederemos legalmente. Los bienes están bajo la custodia del Estado, y vamos a ser muy cuidadosos con su manejo», afirmó.
El fiscal también recordó que esta es la primera vez en el país que un caso de fraude colectivo de este tipo tiene consecuencias jurídicas tan claras, con órdenes de aprehensión, personas detenidas, embargos y hasta extinciones de dominio. Reiteró que la Fiscalía General del Estado está comprometida con la justicia y continuará trabajando en el caso de manera firme.
«No hay espacio para aprovecharse de esta situación. Estamos llevando a cabo una investigación seria y transparente. El proceso sigue su curso, y aunque algunos se manifiesten o traten de presionar, no vamos a permitir que eso cambie lo que está estipulado por la ley», concluyó César Jáuregui Moreno.