La Fiscalía Zona Centro de Chihuahua anunció que interpondrá una apelación tras la liberación del dueño de los perros pitbull responsables de la muerte de un niño de 4 años, ocurrida en días recientes en la ciudad. La decisión de liberación fue tomada por un juez de control, quien consideró que la detención del propietario de los animales fue improcedente, a pesar de que este se mostró agresivo con los agentes durante su arresto.
El fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza, expresó que la Fiscalía está revisando los datos de prueba y los testimonios recabados durante la investigación del caso. Aseguró que se está trabajando con diligencia y que, en los próximos días, se tomará una decisión sobre el futuro de los perros y la situación legal del dueño de los mismos. «Estamos atentos a lo que nos manifiestan los padres del menor, así como a los testimonios que hemos recabado para determinar el rumbo de este caso», indicó Araiza.
El caso se originó cuando el niño fue atacado por los dos pitbulls en su hogar, lo que resultó en su trágica muerte, en los momentos posteriores, el propietario de los perros se mostró agresivo hacia los agentes de la policía, lo que motivó su detención. Sin embargo, el juez de control que revisó el caso estimó que no existían elementos suficientes para justificar su arresto, por lo que ordenó su liberación.
«El área jurídica de la Fiscalía está revisando cuidadosamente esta decisión y evaluando la posibilidad de interponer un recurso de apelación», señaló Araiza, destacando que se pretende continuar con las investigaciones para determinar las responsabilidades legales del propietario de los animales.
En cuanto al destino de los pitbulls, Araiza afirmó que los perros fueron asegurados por el Ministerio Público y trasladados a la unidad antirrábica para su evaluación. «Es probable que los animales sean considerados como instrumentos del delito debido a la agresividad mostrada en el ataque», explicó el fiscal. De ser así, los perros podrían ser sacrificados conforme a lo que establece la Ley de Bienestar Animal, específicamente en los artículos 36 y 37, que contemplan la eutanasia en casos en los que los animales hayan causado daño grave a personas.