Chihuahua, a 10 de diciembre.– La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) expresó su preocupación ante la propuesta del gobierno estatal de implementar un impuesto del 1.5% a las comisiones de plataformas digitales de reparto como parte del paquete económico 2024. Según ALAI, esta medida afectará negativamente a repartidores, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y consumidores, además de vulnerar compromisos internacionales en materia de economía digital.
Impactos de la medida
El gravamen, que sería aplicado a las comisiones que estas plataformas cobran, ha sido señalado por ALAI como una acción que:
- Discrimina a las PyMEs: Las pequeñas empresas, que dependen de las plataformas digitales para competir con grandes corporaciones, enfrentan una mayor carga tributaria que limita sus posibilidades de supervivencia en un mercado competitivo.
- Encarece servicios y reduce ingresos: Los costos del reparto se incrementarían, afectando tanto a los consumidores como a los repartidores, quienes ya operan en un contexto laboral precario.
- Viola acuerdos internacionales: La propuesta contravendría compromisos de la OCDE y el T-MEC, los cuales buscan evitar la imposición de nuevos gravámenes a la economía digital, además de replicar un esquema tributario que fue declarado inconstitucional en la Ciudad de México.
Un sector vulnerable en riesgo
ALAI destacó que más del 70% de los negocios que utilizan estas plataformas son micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs), mientras que las grandes cadenas restauranteras, con infraestructura propia de reparto, no serían afectadas por este impuesto. Esto generaría una competencia desigual que perjudicaría gravemente a las MIPyMEs y aumentaría la brecha entre los pequeños negocios y las grandes corporaciones.
Además, los repartidores, que representan una de las fuerzas laborales más vulnerables, verían disminuidas sus ganancias debido al aumento de costos operativos. “Estas plataformas son una de las pocas opciones laborales en un entorno marcado por la precariedad. Gravar su actividad únicamente empeorará la situación de miles de personas”, advirtió la asociación.
Llamado al diálogo
ALAI hizo un llamado respetuoso a la gobernadora Maru Campos Galván para reconsiderar esta propuesta y priorizar políticas que impulsen la innovación, el emprendimiento y el desarrollo económico.
“Es fundamental que Chihuahua adopte medidas que promuevan la equidad y el crecimiento económico en lugar de obstaculizar el acceso de las PyMEs y los repartidores al mercado digital”, subrayó la asociación.
Una medida cuestionable
La iniciativa, según ALAI, no solo amenaza la competitividad de Chihuahua, sino que también se enfrenta a retos legales y sociales. Con esta medida, el estado corre el riesgo de generar un precedente negativo en la región al afectar sectores clave de la economía digital, mientras que alternativas más equitativas y sostenibles no han sido exploradas.
La asociación concluyó instando a las autoridades estatales a buscar soluciones que, lejos de imponer cargas desproporcionadas, promuevan un entorno digital inclusivo y competitivo para todos.