Chihuahua a 26 de noviembre. – En medio del proceso electoral, el Congreso aprobó una controvertida Ley de Vivienda que incluye un impuesto sobre la plusvalía de bienes inmuebles, generando críticas y preocupación entre los propietarios de bienes raíces.
La plusvalía, entendida como el incremento en el valor de un inmueble con el paso del tiempo, ha sido históricamente vista como una garantía de seguridad patrimonial para las familias. Sin embargo, la nueva legislación permite que el gobierno de cada entidad reclame una parte de esa ganancia al momento de vender la propiedad, bajo el argumento de que las obras públicas y servicios aledaños —como parques, vialidades o infraestructura urbana— contribuyen al aumento del valor de los inmuebles.
Críticos de esta medida señalan que los servicios mencionados ya son financiados mediante los impuestos ciudadanos, lo que convierte esta nueva regulación en una doble carga para los contribuyentes. “Si compraste una casa por $700,000 y después de algunos años su valor aumenta a $900,000, el gobierno quiere quedarse con el diferencial de $200,000, alegando que esa plusvalía es gracias a ellos”, denunciaron en redes sociales diversos grupos de ciudadanos.
Además, los propietarios ya enfrentan impuestos por enajenación y trámites notariales al realizar una transacción de compra-venta, lo que hace que esta nueva medida sea vista como un golpe adicional al patrimonio familiar.
La pregunta que ahora plantean muchos es: ¿qué impacto tendrá esta ley en las futuras generaciones y en la percepción de la vivienda como un patrimonio seguro? Este cambio legislativo ha encendido el debate sobre hasta dónde puede llegar la intervención gubernamental en la economía personal y familiar.
¿Qué opinas sobre este nuevo impuesto? ¿Crees que es una medida justa o que afecta el derecho de los ciudadanos a disponer plenamente de su patrimonio?