¿Guardia Nacional o Ejército Nacional? Una reforma que militariza la democracia

HORUS la Columna

Ciudad de México a 19 de septiembre.- En la sesión de hoy del Congreso de la Unión, asistimos al espectáculo final de una serie que ya conocemos bien: la militarización de México disfrazada de solución mágica a todos nuestros problemas de seguridad. La incorporación formal de la Guardia Nacional al Ejército, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es más que la culminación de un plan que lleva años cocinándose, a espaldas de la Constitución y en nombre de un supuesto combate al crimen organizado.

¿Nos quieren hacer creer que una fuerza creada para «mantener el orden civil» ahora será más efectiva bajo el mando de los militares? El argumento del gobierno es que al integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se fortalecerán sus capacidades y se disciplinará bajo un «marco operativo» más rígido. Pero, ¿de verdad necesitamos más militares en las calles? ¿O lo que necesitamos es un estado de derecho sólido, con policías profesionales y una justicia imparcial?

Morena y sus aliados defienden a capa y espada esta propuesta, diciendo que la Guardia Nacional ha sido clave en la lucha contra el crimen. Claro, si por «clave» entendemos los cientos de quejas por abusos de poder y violaciones a derechos humanos que ya se han acumulado en tan solo unos años de su existencia. Porque aquí el verdadero peligro no es solo la militarización, sino la normalización del abuso. Al poner la seguridad pública en manos de militares, se borra la línea entre la autoridad civil y la militar, y cuando esa línea desaparece, las libertades civiles y los derechos humanos se desvanecen con ella.

La oposición, por su parte, ha levantado la voz advirtiendo que este proyecto es un atentado directo contra la democracia. Y no es para menos. La Guardia Nacional nació como un cuerpo civil precisamente para evitar que el Ejército, cuya función es proteger la soberanía nacional, metiera mano en la vida diaria de los ciudadanos. Pero ahora resulta que la misma institución que debe resguardar nuestras fronteras también será responsable de vigilar nuestras calles. Es una receta perfecta para un estado de excepción permanente.

Lo más irónico de todo es que mientras se debate esta reforma, un comandante militar en Sinaloa se lava las manos declarando públicamente que la seguridad de los ciudadanos no está en sus manos, sino en las del crimen organizado. Según su lógica, los cárteles son quienes deciden cuándo hay paz y cuándo no. Entonces, ¿de qué sirve poner a más soldados en las calles si, según sus propios líderes, no tienen control sobre la violencia?

Los defensores de esta reforma parecen vivir en una realidad alterna donde los militares son los salvadores de la patria, mientras la evidencia en todo el mundo demuestra que más militares no es sinónimo de más seguridad. Los países que han recurrido a esta estrategia solo han visto un aumento en la violencia, la represión y el deterioro de sus instituciones democráticas.

En lugar de fortalecer las policías locales, mejorar la capacitación de los cuerpos civiles y atacar las raíces del problema, como la pobreza y la desigualdad, el gobierno prefiere militarizar el problema y delegar la seguridad pública a quienes, por definición, no deberían estar en ese papel. La pregunta es: ¿qué sigue? ¿El Ejército también se encargará de la educación, la salud y las elecciones?

Esta reforma no es solo una amenaza a la seguridad pública, es una amenaza a nuestra democracia. Si hoy el Congreso aprueba la militarización de la Guardia Nacional, estaremos dando un paso más hacia un país donde la autoridad civil queda subordinada a la militar, y donde la justicia no se administra en los tribunales, sino en los cuarteles. Así, bajo el pretexto de combatir la violencia, estaremos cediendo nuestras libertades a las botas de los soldados.

El debate de hoy en el Congreso es más que una discusión sobre seguridad, es una lucha por el alma democrática del país. Porque si dejamos que los militares dominen nuestras calles, ¿quién garantizará que no se conviertan también en los amos de nuestras vidas?

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