
CDMX a 17 de septiembre.- Después de la aprobación de la Reforma Judicial, Morena y sus aliados en el Congreso ahora dirigen su atención a una nueva propuesta de militarización, esta vez enfocada en la reforma a la Guardia Nacional. El objetivo es fortalecer a la Guardia Nacional bajo un modelo predominantemente militar, lo que ha generado debate en torno a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
La iniciativa busca modificar 12 artículos de la Constitución, entre ellos los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129, con el propósito de adscribir oficialmente a la Guardia Nacional (GN) bajo la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Además, la reforma definiría a la GN como una fuerza de seguridad pública permanente, con origen y formación militar, pero capacitada también para labores policiales.
Uno de los puntos más destacados de la reforma es la prohibición de que cualquier miembro de la Guardia Nacional aspire a un cargo en el Congreso de la Unión hasta seis meses antes de la elección respectiva, lo que limitaría su participación política inmediata.
La reforma también incluye la facultad para que el Poder Legislativo expida normativas secundarias que garanticen un marco legal claro para la participación del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en tareas de seguridad pública, especialmente en tiempos de emergencia.
Además, se propone otorgar al presidente de la República la capacidad de emplear a la Guardia Nacional tanto para la seguridad interior como para la defensa exterior, cuando lo considere necesario. También, la propuesta contempla equiparar los derechos, prestaciones y seguridad social de los miembros de la GN con los de las Fuerzas Armadas.
En el ámbito judicial, la Guardia Nacional será coadyuvante en las investigaciones de delitos bajo la dirección del Ministerio Público. Sin embargo, a nivel disciplinario, sus miembros estarán sujetos al fuero militar, lo que refuerza la conexión entre esta corporación y las instituciones castrenses.
La reforma ha generado controversia debido al creciente poder militar en funciones de seguridad pública y las implicaciones que ello podría tener para el control civil sobre las fuerzas armadas en México.