
Chihuahua a 26 de agosto – Durante el proceso de entrega-recepción en el municipio de Parral, las nuevas autoridades detectaron una presunta irregularidad en la cuenta pública, con un monto de 2 millones 485 mil 210 pesos, presuntamente relacionado con un caso de extorsión por fraude. Ante esta situación, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, declaró que no posee información detallada al respecto, y que se enteró de los hechos a través de publicaciones en la prensa.
De la Peña Grajeda subrayó la importancia de respetar la autonomía municipal y el proceso de entrega-recepción. «Lo que tenemos que entender y respetar es que hay un proceso de entrega-recepción, y que quien recibe la administración podrá hacer todas las observaciones necesarias. En caso de alguna irregularidad, como se presume en este caso, si se ha pagado con dinero público que no estaba incluido en el presupuesto de egresos, seguramente se estará dando vista al órgano interno de control y a la Auditoría Superior del Estado, y en su caso, podría abrirse una investigación», detalló el funcionario.
En este sentido, el secretario general indicó que no hay que adelantar vísperas y deberá darse a la administración saliente la oportunidad de aclarar los motivos y la justificación de este gasto.
En relación con este tema, la Fiscalía de Distrito Zona Sur informó que el pasado 7 de febrero se recibió una denuncia por parte del municipio de Hidalgo del Parral, relacionada con un delito de fraude. Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron un día antes de la presentación de la denuncia.
La investigación ministerial reveló que el personal de la Tesorería Municipal recibió una llamada en la que se les informó que la comunicación provenía de la Auditoría Superior de la Federación, y se solicitaba el pago de unos convenios de adhesión vencidos. Posteriormente, una nueva llamada, supuestamente de parte de la Tesorera Municipal, autorizó los pagos, lo que resultó en una afectación significativa a las finanzas municipales.
Este presunto fraude ha generado preocupación entre las autoridades locales y podría dar lugar a investigaciones más profundas para determinar la responsabilidad de los involucrados y recuperar los recursos públicos.