
CDMX a 24 de agosto.- Con 22 votos a favor y 17 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este viernes, en lo general, el dictamen que propone la eliminación de siete organismos autónomos, lo que ha generado una intensa controversia en diversos sectores. Esta iniciativa, que forma parte de una reforma en materia de simplificación orgánica, busca incorporar las funciones de estos organismos a las distintas dependencias del gobierno federal.
Las entidades afectadas por esta propuesta son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
La decisión de avanzar con esta reforma ha suscitado críticas y preocupaciones, especialmente por parte de los organismos que se verían eliminados. Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, expresó su rechazo a través de sus redes sociales: «Falta toda una ruta legislativa para que se logre, daremos seguimiento puntual y seguiremos defendiendo los derechos de los mexicanos. Esto se acaba hasta que se acaba. Lamentable», escribió en su cuenta de X (anteriormente Twitter).
La iniciativa aún debe recorrer un camino legislativo considerable. Tras la aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales, el dictamen será revisado por otras comisiones y, de ser aprobado, se turnará al pleno de la Cámara de Diputados. Posteriormente, deberá ser sometido a votación en el Senado de la República.
La eliminación de estos organismos autónomos ha sido presentada como un esfuerzo para simplificar la estructura gubernamental y reducir gastos, al tiempo que se centralizan sus funciones dentro de las dependencias del Ejecutivo. Sin embargo, los críticos advierten que esta medida podría comprometer la independencia de entidades clave en la regulación de sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones, la competencia económica, la educación y la transparencia.
El debate sobre esta reforma se perfila como uno de los más intensos de los últimos años, ya que toca aspectos fundamentales de la estructura institucional de México y el balance de poder entre el Ejecutivo y los organismos autónomos. Los próximos días serán cruciales para definir el futuro de estos organismos y la manera en que el país gestionará las áreas clave que actualmente supervisan.