Abogados denuncian riesgos para exconvictos liberados del CERESO de Aquiles Serdán

Chihuahua a 19 de agosto.- Esta mañana, los abogados Gabriel Vidaña Manjarrez e Isaac Maltos, del despacho legal Vidaña-Maltos y Asociados, alzaron la voz para denunciar lo que consideran una grave violación de derechos humanos en el CERESO de Aquiles Serdán. En una conferencia de prensa, los penalistas señalaron que en fechas recientes, personas que han sido liberadas del penal tras cumplir con los procesos legales están siendo objeto de ataques y secuestros a su salida del centro de reclusión.

Los abogados expresaron su preocupación por lo que calificaron como una «filtración de información» que pone en peligro la vida de los recién liberados. Gabriel Vidaña comentó que esta situación se ha vuelto cada vez más recurrente, y que los ataques se producen justo cuando los exconvictos salen del penal, sugiriendo que alguien dentro de la prisión podría estar proporcionando información a los agresores. “Es una apreciación, pero la casualidad es evidente. Parece que los están poniendo para que los venadeen”, declaró Vidaña.

Los litigantes también señalaron que esta situación no solo afecta a los liberados, sino que también pone en riesgo a los abogados, personal judicial, vendedores y transeúntes que se encuentran en las inmediaciones del penal, el cual es una zona transitada y cuenta con una parada de autobuses. Además, criticaron la falta de efectividad de los módulos de vigilancia denominados C2, que están ubicados en las afueras del CERESO. A pesar de contar con cámaras de monitoreo y personal armado, estos módulos no han podido prevenir los actos criminales en el lugar.

Entre las propuestas presentadas por el despacho legal se incluye la implementación de un protocolo para proteger a las personas que han sido liberadas del penal. Este protocolo, conocido como “Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Asuntos que Involucren Hechos Constitutivos de Tortura y Malos Tratos”, fue propuesto al Tribunal Superior de Justicia del Estado en 2023. A pesar de que la presidenta del Tribunal emitió un acuerdo el 11 de julio de ese año para que los jueces penales aplicaran estos protocolos, Vidaña aseguró que muchos jueces siguen enviando a los exconvictos de vuelta al CERESO bajo pretextos menores, como recoger pertenencias, lo que los expone nuevamente al peligro.

Los abogados también denunciaron que las autoridades penitenciarias presuntamente cobran entre 1,500 y 2,000 pesos a los exconvictos para permitirles salir del penal más temprano, una práctica que consideran ilegal y que agrava aún más la situación de vulnerabilidad de los liberados.

Finalmente, los abogados hicieron un llamado a otros despachos jurídicos para que también alcen la voz y exijan un ambiente de legalidad y respeto por los derechos humanos. Subrayaron la importancia de que las autoridades judiciales impongan su jerarquía sobre las autoridades penitenciarias y que se garantice la seguridad de las personas recién liberadas.

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