
Chihuahua a 16 de agosto.- Santiago de la Peña Grajeda, Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, expresó su preocupación y demanda de aclaraciones respecto a la reciente diligencia en la que se intentó ejecutar una orden de aprehensión contra el exgobernador Javier Corral en la Ciudad de México. La diligencia, que buscaba cumplir con una orden judicial emitida por un juez penal, fue acompañada por la solicitud de colaboración de la Fiscalía Anticorrupción al gobierno de la CDMX.
De la Peña Grajeda explicó que, aunque la Fiscalía Anticorrupción es un organismo autónomo y no subordinado al ejecutivo del estado, existen inquietudes sobre la colaboración inconsistente de la Fiscalía de la Ciudad de México en casos similares. En particular, cuestionó la disparidad en la aceptación de la colaboración en comparación con casos previos, como el arresto reciente de un empresario involucrado en una irregularidad de licitación por 41 millones de pesos.
«Vimos la intención de llevar a cabo una orden de aprehensión que fue emitida por un juez penal contra Corral Jurado», indicó De la Peña Grajeda. «La Fiscalía Anticorrupción solicitó la colaboración del gobierno de la Ciudad de México a través de su fiscalía, y esta colaboración fue autorizada bajo las mismas condiciones que en el caso de un empresario detenido hace 15 días. Sin embargo, nos encontramos con que esta misma colaboración ahora no se acepta o se desconoce.»
El Secretario General también desmintió afirmaciones de desinformación que indicaban que el gobierno de Chihuahua no había notificado a la Fiscalía de la CDMX o que el proceso estaba incompleto. «Hay un gran esfuerzo por desinformar al decir que el gobierno de Chihuahua no había notificado, además de afirmar que el proceso no estaba concluido», dijo. «Las preguntas que surgen son: ¿por qué hace 15 días el procedimiento era válido y en el caso de Javier Corral se desconoce o se indica que no está terminado?»
De la Peña Grajeda resaltó que el Fiscal Anticorrupción ha presentado un expediente detallado que involucra un perjuicio patrimonial para el estado superior a 98 millones de pesos. «Se está procediendo contra quien resulte presunto responsable en base a estos documentos», agregó.
Finalmente, el Secretario hizo un llamado a que se mantenga el enfoque técnico-jurídico en lugar de politizar el tema. «Es crucial que todos los ciudadanos respeten los procedimientos legales. Esto no es un concurso de popularidad ni un tema para debatir en la arena política; es un asunto de carácter estrictamente técnico-jurídico. Debemos acostumbrarnos a que las instituciones hagan su trabajo», concluyó De la Peña Grajeda.