No es una decisión unilateral de esta representación social, lo resolvió el órgano jurisdiccional: Abelardo Valenzuela
Ciudad Juárez a 23 de abril.- En una rueda de prensa esta noche, el fiscal Anticorrupción, Luis Abelardo Valenzuela, anunció importantes medidas tomadas por la Fiscalía para combatir la corrupción en el ejercicio del servicio público. Valenzuela subrayó que los delitos de corrupción impactan a toda la comunidad, generando escasez de servicios y oportunidades para la población en general.
La investigación, desencadenada por una denuncia por enriquecimiento ilícito presentada por representantes populares, así como por organizaciones no gubernamentales y de investigación periodística, ha señalado el valor comercial de una casa-habitación que asciende a aproximadamente 26 millones de pesos.
En un momento crucial, un juez de control otorgó un mandato judicial para el aseguramiento de dos bienes inmuebles, ambos ubicados en el fraccionamiento campestre de la ciudad, mismo que fue señalada como la residencia donde habita el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar. Durante la rueda de prensa, se llevaron a cabo las diligencias necesarias para el aseguramiento de los bienes conforme a la ley establecida en el código nacional de procedimientos penales.
El fiscal resaltó la importancia de conocer el valor actual de los inmuebles, incluyendo posibles mejoras y cambios que hayan aumentado su valor. Este aseguramiento es crucial, ya que el propietario podría realizar actos de dominio sobre ellos mientras están bajo investigación por el delito de enriquecimiento ilícito, como venderlas o donarlas.
El Fiscal Anticorrupción reiteró que para los efectos del delito de enriquecimiento ilícito, el patrimonio del servidor público comprende todo aquel que adquirió por sí mismo y cómo fue su evolución patrimonial misma que debe ser acorde a sus ingresos económicos y por lo anterior es que se justifique el aseguramiento que se realizó mediante control judicial, es decir, no fue una decisión unilateral de esta representación social, el ministerio público lo resolvió el órgano jurisdiccional, pues se hace necesario conocer el valor comercial actual de dichos inmuebles, incluyendo sus mejoras remodelaciones o cambios que haya propiciado la plusvalía de los mismos.