Aplican protocolo de Estambul a Hugo Amed Schultz, involucrado en el caso de Miroslava Breach

En el Cereso número 1 de Aquiles Serdán en Chihuahua, el abogado Manuel Norberto Cortez solicitó la aplicación del protocolo de Estambul a Hugo Amed Schultz Alcaraz, quien fue sentenciado a 8 años de prisión por su presunta participación en el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea el 23 de marzo de 2017.

Este protocolo, que tiene como objetivo investigar y documentar incidentes de tortura y amenazas, fue aplicado por el psiquiatra Emmanuel Santos Narváez y la psicóloga Carla Carime Luisa Cano Compean. Ambos expertos se han dedicado a indagar las supuestas amenazas por parte de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión en México (FEADLE), así como de Javier Corral Jurado, quien en ese entonces se desempeñaba como gobernador del estado.

La valoración de los expertos a Hugo Amed Schultz y a los miembros de su familia fue promovida por la defensa representada por el abogado Manuel Norberto Cortez. Este proceso se ha visto motivado por nuevas revelaciones que indican la posible fabricación del caso por parte de la FEADLE. La detención de Schultz en diciembre de 2020 parece carecer de pruebas en su contra, y se ha destacado la presencia del exgobernador Javier Corral en la escena del crimen una hora después del asesinato.

Además, se ha revelado que la incriminación de Schultz se llevó a cabo bajo amenazas y coacciones por parte de la FEADLE. Incluso, el hijo de Schultz sufrió un intento de privación de libertad por parte de policías estatales, presuntamente con el objetivo de que declarara sobre los hechos que se le imputaban a su padre.

Estas revelaciones plantean interrogantes significativas en torno al proceso legal y a la actuación de las autoridades involucradas en el caso de Miroslava Breach. La aplicación del protocolo de Estambul a Hugo Amed Schultz subraya la importancia de investigar a fondo cualquier indicio de coacción, tortura o fabricación de pruebas en el sistema judicial, con el fin de asegurar que se haga justicia de manera imparcial y basada en pruebas concretas.

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