
Chihuahua a 18 de octubre.- La eliminación de estos fideicomisos, que abarcan tanto a los magistrados como a los trabajadores de diversos niveles dentro de la estructura del poder judicial federal, podría dejar desprotegida una función esencial para la cual fueron creados. En este sentido, Santiago de la Peña señaló la importancia de conocer el destino que se dará a los recursos que actualmente cubren las pensiones de estos empleados.
«Si los fideicomisos están específicamente destinados a garantizar los fondos de jubilación del poder judicial federal, al desaparecerlos se generará un vacío en esta función. Habrá que determinar de dónde provendrá el dinero que asegure las pensiones», afirmó el secretario general. Además, subrayó la necesidad de comprender el propósito detrás de la acción del gobierno federal de hacerse con estos recursos: «La pregunta sería si se destinarán a proyectos de inversión a largo plazo o simplemente se utilizarán para gasto corriente».
Asimismo, el funcionario destacó la falta de consenso entre los poderes y la ausencia, hasta el momento, de una explicación técnica o lógica que respalde la decisión de disponer de estos fideicomisos. Mencionó la importancia de ofrecer una explicación por parte del gobierno federal, dado el buen funcionamiento que han tenido estos fideicomisos a lo largo de los años.
En relación a la experiencia previa de la desaparición de fideicomisos, Santiago de la Peña mencionó el caso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), que ha generado repercusiones negativas, especialmente en momentos de crisis como la actual sequía en el estado de Chihuahua. «Echamos de menos los recursos federales para combatir desastres naturales en cada una de las entidades», afirmó.
Según el funcionario estatal, la desaparición de este fideicomiso y la posibilidad de que los estados se enfrenten a situaciones de desastre sin recursos federales podrían resultar problemáticas. Además, señaló que se discute en la cámara de diputados una iniciativa enviada por el gobierno federal que propone que sean los propios estados quienes dispongan de recursos propios para enfrentar los desastres naturales.
En conclusión, la discusión sobre la desaparición de los fideicomisos del poder judicial federal plantea interrogantes y preocupaciones respecto a la protección de los fondos de jubilación de los empleados de este poder y la asignación de recursos para hacer frente a desastres naturales. Queda pendiente determinar los efectos e implicaciones que esta decisión podría tener en el futuro cercano.