Desde el 2017 es exclusividad del Congreso de la Unión.

El Congreso del Estado, por mayoría de votos exhortó a las legislaturas de las entidades federativas, con el objeto de que consideren solicitarle al Congreso de la Unión, para que en tanto no expida la legislación única en materia procesal civil y familiar, devuelva dicha facultad a las legislaturas de los estados.

La proposición anterior, fue presentada por la diputada Ivón Salazar Morales, quien explicó al pleno legislativo, que en el año 2017, específicamente el 15 de septiembre, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional por medio de la que se facultó al Congreso de la Unión, facultades exclusivas para legislar en materia procesal civil y familiar, por lo que a partir de ese momento las Legislaturas de los estados continuábamos teniendo vigentes nuestros códigos, así como el Federal de Procedimientos Civiles, pero dejamos de tener la atribución de modificarlos.

En dicha reforma, dijo la diputada, se estableció en su artículo Cuarto Transitorio, que el Congreso de la Unión tendría 180 días para expedir la legislación nacional en materia procesal civil y familiar; sin embargo, ya han pasado 3 legislaturas federales y casi 6 años y no se ha expedido, pese a que han sido presentadas varias propuestas de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

En ese sentido, es oportuno hacer ver, y sobre todo reconocer, que si en 6 años no se ha expedido un Código Nacional en materia de procedimientos civiles y familiares es porque o no ha habido consenso o simplemente no hay interés para ello, razón por la que, dado la omisión legislativa, -que dicho sea de paso ya ha sido de motivo de pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aun así, la omisión sigue dándose-, hecho por el que considero, que los Estados debemos solicitar que hasta en tanto no se expida dicha legislación, la facultad de legislar en la materia regresa a las Entidades Federativas.

Por último, la diputada Ivón Salazar, consideró que las propuestas legislativas de Códigos de Procedimientos que se han presentado, necesitan adecuar la norma a las circunstancias actuales, por lo que, los 180 días que se establecieron en los transitorios todavía se van a estirar muchos días más, razón por la que no es una propuesta descabellada, regresar a los Estados la facultad de legislar en materia procesal civil y familiar.