Sentencia a tercer implicado en desaparición forzada y homicidio de activista Cruz Soto Caraveo

A través de un procedimiento abreviado, la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, obtuvo una sentencia condenatoria de 16 años y 8 meses en contra de *Ismael Q. A.,* por el delito de desaparición forzada cometida por particulares.



En una investigación con el más alto nivel de prioridad y con enfoque diferenciado a cargo de Fiscales, Policías, Analistas de Contexto y Peritos, quienes a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas, se demostró su participación en la privación de la libertad y posterior homicidio del activista chihuahuense e integrante del Colectivo de Familias Desplazadas Forzadamente de la Sierra Tarahumara, Cruz Soto Caraveo.

Hechos por los que hay otros dos sentenciado, el exDirector de la Policía Municipal de Guazapares, *Paulino M. R.,* y *Samuel Alejandro B. G.,* quienes, en conjunto con *Ismael Q. A.,* hicieron uso de recursos públicos para cometer los delitos que implican graves violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con la narrativa de los hechos, el 13 de octubre del 2019, en el poblado de Témoris, municipio de Guazapares, impidieron el paso a la víctima por un camino de terracería para privarlo de su libertad durante siete días y posteriormente privarlo de la vida, ocultando y abandonado su cadáver.

Ismael Q. A., fue localizado y capturado en el municipio de Navojoa, Sonora, el pasado 22 de noviembre, en un operativo en el que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, la unidad de investigación de desaparición forzada y la Fiscalía del vecino estado.

Por lo anterior, tras acreditarse la participación del tercero de los responsables, Ismael Q. A., fue condenado a compurgar una pena de 16 años, 8 meses en prisión y a pagar la cantidad de 329 mil 251 pesos por la reparación del daño.

Esta sentencia representa un fuerte impacto a la impunidad en los delitos de desaparición de personas y se constituye como un precedente nacional en la investigación de delitos complejos, pues son menos de 40 sentencias en el país por este tipo de delitos.

Además, contribuye a cumplimentar la recomendación 96/2022 emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Con resultados como este, se reafirma el compromiso de la Fiscalía General del Estado para proteger a las y los chihuahuenses que son víctimas de delitos que implican violaciones graves a sus Derechos Humanos.

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