Chihuahua, 12 de marzo de 2026 — Integrantes de la Asamblea General de Ejidatarios del Ejido La Junta, perteneciente a la comunidad Pima (o’oba) en el municipio de Madera, realizaron una manifestación frente a Palacio de Gobierno para denunciar públicamente el incumplimiento de una sentencia agraria favorable y las arbitrariedades que, según afirman, continúan sufriendo por parte de un particular invasor y de autoridades judiciales locales.
En conferencia de prensa, los 78 ejidatarios pimas expusieron que en 2023 promovieron ante el Tribunal Unitario Agrario un juicio de restitución de tierras en contra de Benjamín Banda Celis, quien —según la demanda— invadió 1,170 hectáreas del ejido a partir de 2016. Estas tierras habían sido entregadas al ejido mediante decreto presidencial en 1975, como parte de una ampliación ejidal, tras haber estado en manos de particulares.
Las amenazas contra la comunidad iniciaron en 2019, y en 2024 se presentaron demandas en contra de integrantes del comisariado ejidal. El juicio agrario fue ganado por la comunidad: el magistrado del Tribunal Unitario ordenó la ejecución y restitución de las tierras, la cual se llevó a cabo formalmente el 21 de enero de 2026. Ese día, un actuario del Tribunal Agrario y un perito topográfico procedieron a ejecutar la sentencia.
Sin embargo, la ejecución no resultó eficaz ni física: en lugar de entregar el territorio a los ejidatarios, al invasor se le concedieron 10 días para desocupar voluntariamente, plazo que venció sin que se cumpliera. Benjamín Banda Celis continúa ejerciendo control sobre las tierras, llegando incluso a proferir amenazas de muerte contra los ejidatarios, según la denuncia.
De forma paralela, el juez de control Víctor Manuel Flores Reyes, con sede en Ciudad Guerrero, ha incurrido —según la comunidad— en una serie de acciones arbitrarias: ha ordenado detenciones contra autoridades ejidales, ha recogido papeles y sellos oficiales de la autoridad ejidal y la ha suspendido de sus funciones como «medida cautelar». Estas actuaciones, afirman los quejosos, violan gravemente derechos humanos, comunitarios y ejidales, y constituyen desacato a la resolución del Tribunal Federal Agrario que ordenó la restitución.
La comunidad cuenta con un amparo con suspensión de actos de molestia (expediente 369/26) y con la orden de restitución emitida en el expediente 544/2023 del Tribunal Unitario Agrario, pero denuncian que ninguno de estos instrumentos ha sido respetado en la práctica.
Por lo anterior, los ejidatarios pimas exigen de manera urgente:
- La restitución efectiva y física de las 1,170 hectáreas.
- El cese inmediato de las arbitrariedades por parte del particular invasor.
- Que el juez de control deje de otorgar posesión o cualquier beneficio al invasor, en estricto cumplimiento de la sentencia agraria y del amparo federal.
La comunidad Pima del Ejido La Junta, ubicada en una de las regiones más apartadas de la Sierra Tarahumara occidental, representa uno de los núcleos indígenas originarios del estado con menor población pero con fuerte arraigo cultural y territorial. Los ejidatarios advierten que la prolongada invasión y las acciones judiciales en su contra ponen en riesgo no solo su patrimonio agrario, sino la supervivencia de su identidad colectiva y el ejercicio de su autonomía.