Chihuahua, Chih.— Abogados de víctimas del fraude cometido por la empresa Aras Business Group presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas contradicciones en las declaraciones de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua respecto al manejo y arrendamiento de bienes asegurados dentro del proceso penal.
Mariano Cordero, representante legal de un grupo de afectados, explicó que la querella va dirigida contra la titular de la Dirección Administrativa de la Fiscalía, debido a lo que calificó como un “pequeño detallito” que —subrayó— no es menor: el cobro de rentas por inmuebles asegurados e incluso ya decomisados tras la sentencia emitida el 14 de diciembre de 2023.
«Estamos aquí por segunda ocasión. El viernes pasado estuvieron un grupo de compañeros, el licenciado que fue asesor de Aras, que ahora es nombrado liquidador y estamos presentando la misma querella por hechos cometidos por la encargada de la dirección de administración y administrativa de la Administración General de Estado. Lo estamos haciendo en función de que existe un pequeño detallito en relación con las rentas que se han estado cobrando de inmuebles que están asegurados incluso ya decomisados en función de la sentencia que se dictó el 14 de diciembre del 2023.», aseguró le litigante.
El abogado Cordero Burciaga señaló que el juez de ejecución requirió a la Fiscalía un informe detallado sobre el estatus de los bienes embargados y los montos obtenidos por concepto de renta. No obstante, afirmó que en una contestación formal se negó la existencia de arrendamientos, versión que posteriormente fue contradicha públicamente por el propio fiscal, quien reconoció que sí hay inmuebles rentados y atribuyó la discrepancia a un “malentendido”.
«Que no hay ninguna renta, que no está rentado ningún inmueble. Eso acaba de ser declarado antier por el fiscal que reconoce que sí están anotadas, pero que hubo un malentendido, pues creemos que precisamente la fiscalía anticorrupción se meta a fondo en esto y se dé cuenta de si se está rentando o no se está rentando, si hay alguna malversación de los fondos por parte de las autoridades, si hay alguna estrategia que no conocemos, pero que tenga que ver con cubrir el pago del de los daños y perjuicios, la reparación del daño a las víctimas, pero pues obviamente tenemos que conocer la verdad. Y no es solamente las rentas, nosotros pensamos que en 4 años se han perdido muchos bienes.», detalló Cordero Burciaga.
De acuerdo con el abogado, en un primer reporte se informó del aseguramiento de 110 inmuebles y 185 vehículos; sin embargo, en la sentencia sólo se decretó el decomiso de 71 bienes —uno de ellos repetido—, lo que dejaría un total real de 70 propiedades. De éstas, aseguró, únicamente 29 estarían en condiciones jurídicas de enajenarse, al no contar con amparos ni recursos pendientes.
“En cuatro años ha disminuido grandemente el haber patrimonial que se había asegurado”, advirtió el abogado, al cuestionar el estado actual de los bienes y su destino.
Asimismo, afirmó que existen al menos 15 inmuebles que estarían siendo rentados, entre ellos propiedades ubicadas en la zona de La Cantera, las cuales generarían más de un millón de pesos mensuales. Estimó que, en cuatro años, los ingresos por arrendamiento podrían superar los 50 millones de pesos acumulados.
Cordero también denunció actos de vandalización y deterioro en diversos bienes asegurados, lo que —dijo— impacta directamente en el valor patrimonial disponible para la reparación del daño.
Actualmente, 4 mil 355 víctimas están reconocidas formalmente en la sentencia; no obstante, el número podría ascender a alrededor de 7 mil 500 personas, considerando querellas presentadas en tiempo y forma, e incluso más, dado que la resolución judicial permite que otras personas acrediten su derecho.
“Necesitamos conocer la verdad: dónde quedaron los bienes, por qué se liberaron algunos y qué pasó con las rentas”, sostuvo el abogado, al enfatizar que el destino de esos recursos resulta clave para garantizar la reparación integral del daño a las víctimas del caso.