Chihuahua, Chih., a 4 de noviembre de 2025 — El titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua, Mario Mata Carrasco, celebró que la nueva Ley General de Aguas sea una iniciativa completa que reconoce las competencias de los tres órdenes de gobierno, pero advirtió que las manifestaciones de productores en diversas regiones del país no se oponen a dicha ley, sino a las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales de 1992, las cuales, aseguró, alteran el espíritu del artículo 27 constitucional.
“Celebro la Ley General de Aguas, viene muy completa y se reconocen los diferentes órdenes de gobierno —federal, estatal y municipal—, porque el 115 constitucional mandata que los municipios son responsables de llevar el agua potable y el saneamiento a los ciudadanos. Aquí en Chihuahua el Estado lo hace de manera solidaria mediante un decreto del gobernador Alfredo Chávez, trabajando de la mano con los organismos operadores”, explicó Mata Carrasco en entrevista.
El funcionario señaló que el vacío legal existente fue aprovechado para intentar modificar la ley vigente desde 1992, “transmitiendo la administración del agua desde las fuentes de abastecimiento directamente a las parcelas”, lo que, en su opinión, genera una distorsión del marco jurídico que rige el recurso hídrico en México.
“No es una manifestación en contra de la Ley General de Aguas, sino contra esa modificación a la Ley de Aguas Nacionales de 1992”, precisó.
Mata Carrasco subrayó que la propuesta de reforma reglamenta el artículo 4º constitucional, pero impacta directamente el artículo 27, el cual establece que las aguas pertenecen originariamente a la nación, aunque puede transmitirse su uso a los particulares bajo un régimen de concesiones.
“Esta ley debe bajarse en este momento para discutirse en foros abiertos. Coinciden todas las bancadas —yo ya no soy parte de ninguna— en que la ley necesita ser muy analizada, minuciosamente, por los ciudadanos. Porque sí modifica totalmente el espíritu del 27 constitucional”, afirmó.
El titular de la JCAS explicó que no se trata de una privatización del agua, sino de reconocer la necesidad de brindar certeza jurídica a quienes invierten en el uso del recurso, ya sean agricultores, industriales o consorcios.
“No es privatización de ninguna manera. Simplemente se reconoce que el inversionista siempre tendrá que buscar certeza jurídica tanto de sus tierras, como del agua, mediante una concesión. Estamos de acuerdo en que las concesiones estén sujetas a las disposiciones del gobierno y a la disponibilidad del recurso, pero esta ley modifica sustancialmente el 27 constitucional y debe analizarse con calma”, subrayó.
Finalmente, Mario Mata hizo un llamado al diálogo entre el gobierno y los ciudadanos, insistiendo en que cualquier modificación legal sobre el agua debe surgir del consenso social, técnico y jurídico:
“Debe discutirse con la sociedad, en foros abiertos, y llegar a un acuerdo entre el gobierno y los ciudadanos. Solo así se garantizará una ley justa, viable y sustentable.”