Ciudad de México, 19 de abril — El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas ha activado por primera vez en su historia el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, debido a la gravedad de la situación en México.
Este mecanismo de última instancia otorga un plazo de cinco meses al Estado mexicano para adoptar medidas contundentes y efectivas contra la desaparición forzada; de lo contrario, el caso podría escalar ante la Asamblea General de la ONU, un hecho sin precedentes en la historia reciente del sistema internacional de derechos humanos.
El Comité de la ONU señala que en México existe un patrón sistemático y generalizado de desapariciones, con cifras alarmantes: más de 127 mil personas no localizadas, al menos 5,600 fosas clandestinas y una crisis forense que involucra 72 mil cuerpos sin identificar.
Respuesta del gobierno mexicano
En respuesta, el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó las afirmaciones del organismo internacional y aseguró que en México “no hay desaparición forzada desde el Estado”, atribuyendo el fenómeno únicamente a la delincuencia organizada.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, colectivos de búsqueda y expertos en justicia transicional advirtieron que la negación de la crisis representa un obstáculo para el reconocimiento de las fallas estructurales del Estado y limita cualquier esfuerzo de justicia y reparación.
“El gobierno se niega a aceptar el papel que han jugado las instituciones en la reproducción de la impunidad”, señalaron integrantes de colectivos de familiares, quienes también hicieron un llamado a la cooperación internacional urgente.
Un legado de omisión y complicidad
De fondo, esta crisis tiene su raíz en lo que expertos y activistas consideran una herencia de omisión y permisividaddurante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Bajo su mandato, se impulsaron políticas como la amnistía sin filtros, la liberación de detenidos, la reducción del papel de las fuerzas de seguridad y la consigna de “abrazos, no balazos”.
Estas estrategias, lejos de contener la violencia, fortalecieron al crimen organizado y dejaron sin justicia a miles de familias. A ello se suman señalamientos judiciales en Estados Unidos que vinculan a exfuncionarios del sexenio con organizaciones criminales, lo que podría dar paso a procesos de responsabilidad penal internacional por complicidad institucional y omisión deliberada.
¿Qué sigue?
El Comité de la ONU ha dado como plazo hasta octubre de 2025 para que el Estado mexicano implemente acciones concretas y verificables. De no haber avances significativos, México se enfrentaría a un escenario sin precedentes: ser llamado ante la Asamblea General de la ONU por crímenes de desaparición forzada.
Mientras tanto, la comunidad internacional y las familias de los desaparecidos exigen al gobierno mexicano que actúe con transparencia, voluntad política y responsabilidad, para enfrentar una de las peores crisis humanitarias de su historia reciente.