CDMX a 17 de agosto.- El abogado penalista Gabriel Regino ha señalado al encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, de presunta obstrucción de la justicia por impedir la ejecución de una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. Regino aseguró que las acciones de Lara podrían constituir un delito al haber bloqueado el cumplimiento de una orden judicial emitida por un juez de control en Chihuahua.
En entrevista con la periodista Azucena Uresti, Regino explicó que la negativa de Lara a permitir el arresto de Corral viola un convenio de colaboración entre fiscalías que exige la cooperación inmediata entre las entidades. Según el abogado, los agentes de la Fiscalía de Chihuahua entregaron el oficio correspondiente a la Fiscalía capitalina, documento que recibió el sello de aceptación por parte de las autoridades de la Ciudad de México. Sin embargo, Lara intervino para evitar la detención del exgobernador, lo cual, según Regino, configura un delito.
«Cuando una autoridad, como el encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, impide el cumplimiento de una orden judicial, está cometiendo un hecho delictivo. Tenía la obligación de colaborar de manera inmediata, ya que el proceso cuenta con respaldo legal y existe un mandato judicial para ello», sostuvo Regino.
El abogado explicó que la negativa de Lara podría tipificarse como «negación del servicio público», un delito que es castigado con penas de 2 a 8 años de prisión. Este delito, detalló Regino, se aplica cuando un funcionario público se rehúsa a cumplir con las obligaciones de su cargo, como en este caso, al evitar la detención de Corral y su traslado a Chihuahua.
Regino advirtió que la interferencia de Lara en el proceso judicial crea un precedente preocupante para la cooperación entre fiscalías a nivel nacional. Recordó un caso anterior en el que la misma Fiscalía de la Ciudad de México, con Ulises Lara como colaborador, participó en la detención del fiscal de Morelos, lo que ahora podría abrir la puerta a conflictos similares en otros estados, afectando la detención de fiscales, jueces o incluso gobernadores.
Al ser cuestionado sobre las posibles consecuencias legales para Ulises Lara, Regino no descartó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua pueda presentar una denuncia formal en su contra por negación del servicio público. En tal caso, el funcionario podría enfrentar un proceso penal y una posible condena de prisión.