Chihuahua, 18 de junio de 2024 – El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, sostuvo que el escándalo en torno a una audiencia contra el exgobernador César Duarte Jáquez provocó un intenso debate a nivel nacional sobre los criterios de la prisión preventiva. La controversia surgió luego de que la jueza Delia Valentina Meléndez fuera apartada del caso por ordenar pausar en el cómputo de los días de prisión de Duarte, quien había recurrido a un amparo para evitar ser encarcelado por una segunda causa penal.

Contexto del escándalo

Durante la audiencia, la jueza Meléndez solicitó que se suspendiera el registro de los días de prisión preventiva del exgobernador mientras estuviera protegido por un amparo contra otra orden de aprehensión. Esta decisión generó polémica y llevó a la jueza a ser retirada del caso.

Al ser cuestionado sobre la falta de apelación ante el cambio de medida cautelar que permitió a Duarte llevar su proceso en prisión domiciliaria, el fiscal Jáuregui recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que no es justo utilizar los medios de defensa de un imputado en su contra. Esta resolución se emitió después de que Duarte interpusiera diversos recursos contra la decisión de la jueza Meléndez.

El debate sobre la prisión preventiva

Jáuregui explicó que el escándalo intensificó el debate en México sobre la prisión preventiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que es ilegal e inconstitucional suspender los términos de la prisión preventiva cuando un imputado ejerce un medio de defensa. «Las leyes establecen que, cuando se amparan, debe también suspenderse el término de prisión preventiva, lo que complica la aplicación de esta medida.», señaló, Jáuregui Moreno y añadió, «En los últimos días, hemos tenido que liberar a personas acusadas de homicidio tras dos años de prisión preventiva, lo cual es un problema».

Necesidad de criterios claros

El fiscal sostuvo que es necesario establecer criterios claros a nivel legal para determinar en qué tipos de delitos los acusados no deben gozar de libertad durante el juicio, considerando la peligrosidad y otras complicaciones, como en los casos de multihomicidas o delincuentes sexuales que por la peligrosidad exponen a la sociedad al estar en libertad.

En el caso de Duarte, Jáuregui aseguró que su situación jurídica solo ha cambiado en términos de la medida cautelar, ya que aún enfrenta 18 causas penales en Chihuahua, las cuales ya se están observando por los Estados Unidos para liberar el estado de excepción.

«La Fiscalía no puede hacer más allá de lo que dictaminen los tribunales federales. No es lo que deseamos, sino lo que es», concluyó Jáuregui.

Próximos pasos en el caso Duarte

Jáuregui adelantó que está por iniciarse la etapa de juicio contra Duarte, y que, de ser condenado, volverá al Cereso No. 1 de Aquiles Serdán. «Los años de prisión podrían variar según los juicios de las carpetas faltantes, pero estos asuntos son tardados debido a que el acusado puede ampararse contra cualquier resolución de la autoridad y alargar los procesos.», agregó.

En conclusión, el caso de César Duarte Jáquez ha reavivado el debate sobre la prisión preventiva en México, poniendo de relieve la necesidad de revisar y posiblemente reformar los criterios y procedimientos para asegurar que se haga justicia sin vulnerar los derechos de los imputados.